Continúa la ofensiva contra la Procuradora Gils Carbó

EL JUEZ FEDERAL JULIAN ERCOLINI LA CITO A INDAGATORIA

Fuentes judiciales informaron ayer que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, deberá presentarse a declarar como imputada por la compra del edificio del Ministerio Público, que ella misma denunció, el 31 de agosto próximo en los tribunales federales de Comodoro Py. La citación la realizó el juez federal Julián Ercolini.
El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido su indagatoria el mismo día en que había trascendido que, en contra de lo que marca la ley, el presidente Mauricio Macri no descartaba remover a Gils Carbó por decreto, iniciativa que poco después tuvo que desmentir el propio ministro de Justicia, Germán Garavano. Taiano acusa a Gils Carbó de presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y otros delitos.

Sobreseimiento.
El abogado defensor de Gils Carbó, Alejandro Rúa, casi en simultáneo, había solicitado el sobreseimiento de la Procuradora, en función de que todas las pruebas de la causa descartaban “cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento”.

Edificio.
Taiano pretende indagar a Gils Carbó por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración que habría costado 43 millones de pesos mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Esa empresa actuó por intermedio de Juan Carlos Thill, a quien la inmobiliaria habría pagado una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano, hombre del área de contrataciones de la Procuración, Guillermo Bellingi. Thill pidió nulidades de todo en la causa.
“El Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como Procuradora según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios”, aclaró Gils Carbó a Página/12.

Irregularidades.
La procuradora general admite en la operación hubo irregularidades y destaca que por eso separó a un funcionario del organismo.
Además, denunció que “lo que se está intentando a través de estos casos es crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medio de modos ilegales e inconstitucionales ya que no han tenido los votos ni las causales para el juicio político”.