Continúa el conflicto en Gestamp

El conflicto de la empresa autopartista Gestamp continúa tras la primera audiencia convocada por la cartera laboral bonaerense, mientras el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró "inadmisible e ilegal" la ocupación de la planta y reclamó ayer una "solución inmediata".
Horas antes de la primera audiencia de conciliación obligatoria, los trabajadores de Gestamp volvieron a manifestarse frente a la empresa reclamando por el despido de 69 trabajadores, que derivó en la toma del establecimiento ubicado en la localidad de Escobar.
En su habitual conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó una "solución inmediata" del conflicto e instó a llevar adelante "la gestión necesaria que garantice el funcionamiento de la empresa".
El funcionario consideró "inadmisible e ilegal" la ocupación de la planta, medida que consideró "de carácter político", y señaló que "no podemos aceptar ni la ocupación ilegal de una planta ni el impedimento para que otros empleados trabajen".
En ese marco, Capitanich insistió en la necesidad de que haya un "gesto de racionalidad" y volvió a pedir a "los poderes del Estado que se encarguen del pleno ejercicio de su competencia".

 

Pignanelli.
También durante la mañana, el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, realizó declaraciones radiales en las que apuntó contra los militantes del Partido Obrero, a quienes responsabilizó por los despidos.
En este sentido, afirmó que "los despidos nosotros no los teníamos; los provocaron esos muchachos", en referencia al partido trotskista, y se preguntó "¿qué tiene que hacer el Partido Obrero en la puerta de una fábrica, qué tiene que hacer la nieta de los desaparecidos en la puerta de una fábrica?".
El titular de Smata insistió con que el gremio había "negociado el licenciamiento al 80 por ciento de los salarios" y que esa opción había sido aceptada "por 550, 600 personas", mientras "unas 70 personas empiezan a agredir a los compañeros que van a informar y, luego, toman la fábrica y están dos días sin trabajar".

 

Impacto.
Pignanelli se mostró preocupado por el impacto del conflicto en el sector autopartista y aseguró que esta situación generó "que Volkswagen lleve parados cuatro días, cuando sólo tenía previsto parar uno, y que Ford, que no tenía previsto parar, lleve un día parado. Y que, en vez de producir el licenciamiento, reacciona y echa a estas 70 personas".

 

Toma.
Sobre este punto, el diputado nacional del Frente para la Victoria e integrante del Consejo Directivo de Smata, Oscar Romero, advirtió que "cuando se dicta la conciliación obligatoria, un grupo de individuos tomó la planta, permanecieron en un puente grúa a 20 metros de altura y comenzaron a arrojar elementos contundentes, como tuercas, a los trabajadores que se encontraban cumpliendo sus funciones, por lo que la empresa decidió suspender las actividades".
Romero remarcó que "es la primera vez que se aplica una conciliación a un conflicto pluripersonal, en una usurpación de una empresa, con una medida que no fue avalada por la organización sindical, así que no sé el grado de afectación que pueda tener esa conciliación obligatoria".

 

Breitenstein.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Cristian Breitenstein, destacó el accionar del gobernador Daniel Scioli en el conflicto de la autopartista.
Breitenstein defendió la decisión del Ministerio de Trabajo bonaerense de dictar la conciliación obligatoria durante el fin de semana, que obliga "a las partes a negociar, no a acordar, ya que ese es otro nivel de conflicto, de las diferencias que tienen en virtud de las suspensiones".
El funcionario indicó que la preocupación del gobierno bonaerense "es cuidar el empleo y asegurar la paz social", a la vez que reconoció que "descomprimir los conflictos no es lo más fácil, es lo más difícil. Para transitar el camino del diálogo, hay que tener firmeza".

 

Audiencia.
En tanto, a media mañana se llevó a cabo en la delegación Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense, la primera audiencia de conciliación obligatoria.
Al respecto, el abogado de los trabajadores de Gestamp, Agustín Comas, confirmó que "la empresa, al igual que Smata, no enviaron ningún representante legal a la audiencia, a pesar de estar correctamente notificados".
El letrado calificó el cierre de la planta como un "lock out ilegal" y denunció "una maniobra técnica de la empresa para incumplir la conciliación, mientras impide el ingreso de los trabajadores despedidos, a contramano de lo que ordena el Ministerio de Trabajo". (Télam)