Corte suspendió desmontes en bosques de Salta

El coordinador del Consejo de Comunidades Wichi, Miguel Montes, dijo que el fallo "es un alivio y nos hace poner otra vez en pie de guerra para defender nuestros territorios". La suspensión de la tala es provisoria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió ayer el desmonte y la tala de bosques en cuatro departamentos de Salta, al admitir una demanda de comunidades aborígenes, y convocó a los gobiernos nacional y provincial a una audiencia para el 18 de febrero. El coordinador del Consejo de Comunidades Wichi, Miguel Montes, dijo que el fallo de la Corte "es un alivio y nos hace poner otra vez en pie de guerra para defender nuestros territorios".
En tanto, la secretaria de Política Ambiental de Salta, Cristina Camardelli, afirmó que el gobierno provincial "no tiene otra opción que acatar el fallo" y dijo que "con esta resolución ahora tenemos herramientas jurídicas para frenar los desmontes, que antes no teníamos".
Los jueces del máximo tribunal argentino dispusieron, por unanimidad en su último acuerdo del 2008, que se suspendan las autorizaciones para los desmontes que el Gobierno de Salta otorgó en el último trimestre de 2007.
El tribunal sostuvo que en ese período los aborígenes denunciaron que "se habría verificado un abrupto incremento en los pedidos de autorizaciones" para realizar talas en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. La Corte señaló que los períodos de autorizaciones se podrían extender en el avance de la causa pero que en su demanda los aborígenes wichi no especificaron cuáles son las talas que afectan sus áreas.

Provisoria.
El tribunal hizo lugar a una medida cautelar que frenó los desmontes al considerar que en el caso "media suficiente verosimilitud en el derecho y en particular la posibilidad de perjuicios inminentes o irreparables". Los wichi presentaron hace dos semanas un amparo en el que reclamaron "la inconstitucionalidad y nulidad absoluta" de las autorizaciones otorgadas para los desmontes y que "se imponga la prohibición de otorgar" nuevos avales.
Las comunidades denunciaron que las autorizaciones para el desmonte y tala fueron "masivas e indiscriminadas", ya que entre 2004 y 2007 se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la secretaría de Medio Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
En ese marco, la Corte le ordenó también al Gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey que en 30 días informe sobre todos los nombres y apellidos o razones sociales y domicilios de quienes hayan pedido y recibido autorizaciones para realizar desmontes o talas en los cuatro departamentos provinciales. La suspensión de la tala es provisoria y hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Para avanzar en la causa la Corte convocó a los aborígenes, al Gobierno de Salta y al Estado nacional, a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para una audiencia pública el 18 de febrero, a las 10. Las partes fueron citadas para que se expidan y expongan sus argumentos sobre la demanda presentada antes de que la Corte se expida sobre el reclamo de los aborígenes.
El máximo tribunal sostuvo que "los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de otros poderes del Estado". "Ello es así, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que sean vulnerados", agregó la Corte. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni. (DyN)