Cristina acusó a Macri de "perseguir a la oposición"

La senadora nacional Cristina Fernández Kirchner dijo ayer que nunca pensó que un juez de la Nación "iba a sostener semejante disparate", al referirse al procesamiento y pedido de detención que le dictó el magistrado Claudio Bonadio por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
"La aprobación del memorado con Irán fue una cuestión de política exterior. Es una cuestión no judiciable. Nunca pensé que un juez de la Nación sería capaz de semejante disparate. Para que haya una acusación de traición a la patria debe darse una situación de guerra y este magistrado considera que los atentados de la AMIA y la embajada lo son", señaló Cristina Kirchner durante una conferencia de prensa ofrecida en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, la ex presidenta denunció una "persecución política sin precedente", y calificó como una "gran cortina de humo" su procesamiento por traición a la patria a una "orquestación política" que tiene "un responsable: el presidente Mauricio Macri".
"Esta es una gran cortina de humo que tiene acciones fundamentales: intimidar, asustar a la población, a la dirigencia política y sindical con el poder judicial. (Mauricio) Macri es el director de la orquesta y Bonadio el intérprete de la partitura legal. No hay delito, no hay causa, pero se juzgó", enfatizó la senadora.

 

Causa inventada.
Cristina Kirchner afirmó además ayer que la medida judicial en su contra "tiene como base una causa inventada", al tiempo que consideró que hay una intención deliberada para "intimidar, asustar, tapar y provocar", porque "no quieren" que haya "una voz opositora en el Senado".
"Hay una persecución sobre nosotros y también contra una dirigencia sindical. Al Gobierno le conviene que hoy existan un peronismo dividido en el Congreso Nacional que podría parar las reformas. Argentina necesita soluciones a los angustiantes problemas que la afectan. El Presidente debería entender que la campaña electoral terminó en octubre", sostuvo la ex jefa de Estado.
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires adelantó que podría a recurrir esta medida judicial, la del juez Bonadio, ante instancias internacionales, y aseguró que en la Cámara alta representa "una única voz" en condiciones de sumar "otras voluntades".

 

Gravedad institucional.
Las voces afines a la ex presidenta coincidieron en poner el acento en la "gravedad institucional" que conlleva la decisión judicial, como expresó el bloque del Frente para la Victoria (FpV), que además señaló al presidente Mauricio Macri como "primer responsable de esta persecución".
El bloque del FpV, cuya conducción asumirá Agustín Rossi, sostuvo: "Hoy (por ayer) ser opositor en la Argentina significa estar en libertad condicional (...) Ser opositor es estar a tiro de ir a prisión", en alusión a las detenciones de Timmerman, Zannini, Esteche y D'Elia, además del pedido de desafuero y detención de la ex jefa de Estado.
El Partido Justicialista nacional, presidido por José Luis Gioja, advirtió que no va a permanecer "en silencio ante semejante atropello judicial y mediático, que sólo busca profundizar el clima de revancha social".
En la Legislatura porteña, los bloques del Frente para la Victoria, Peronista, y Corriente Nacional de la Militancia decidieron no participaron de la última sesión del año.
El ex ministro Carlos Tomada leyó un comunicado de las tres bancadas, en la que afirman que
Florencio Randazzo, quién compitió con Cristina Kirchner en las internas para las elecciones de renovación legislativa de octubre pasado, tildó de "disparate" la resolución judicial.

 

Apoyos.
"La imputación a @CFKArgentina por un memorándum que fue público y ratificado por el parlamento nacional es absolutamente un disparate", publicó Randazzo en su cuenta de Twitter.
En el mismo sentido, se pronunció el dirigente Leopoldo Moreau: "Estamos en el final de la persecución política del gobierno. Es una campaña de humo para tapar las medidas económicas del gobierno, como el aumento tarifario".
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores expresó su rechazo por "arbitrarias, ilegales y sin fundamento" a las medidas dictadas por el juez. "Las medidas dispuestas por Bonadio son detenciones políticas que no buscan justicia en la causa AMIA", dijo la legisladora porteña electa Myriam Bregman. Bonadio toma una decisión política, no jurídica", aseveró.
Desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos sostuvieron que "se ha desatado una cacería política" y la adjudica al presidente Macri. (Télam)

 

Marcha de repudio en Plaza de Mayo
Agrupaciones de izquierda, kirchneristas y movimientos sociales acompañaron ayer una concentración de las Madres de Plaza de Mayo en la que repudiaron la decisión del juez Claudio Bonadio de pedir el desafuero de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner.
En la manifestación, junto al repudio a la decisión de Bonadio, también se criticó a funcionarios del gobierno, entre ellos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien agrupaciones de izquierda culparon por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
La movilización se dio en el marco de la Marcha de la Resistencia que las Madres de Plaza de Mayo hacen todos los años, en la cual durante 24 horas de concentran en ese histórico escenario.

 

Declaraciones.
"Es un disparate que nadie puede defenderlo sin que se le caiga la cara de vergüenza. Está juzgando una decisión internacional votada por el Congreso. Es un despropósito", dijo el flamante legislador de Unidad Porteña Mariano Recalde, quien lideró la columna de La Cámpora. La oradora principal del acto fue la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien aseguró que "a todos los que voten estas leyes de mierda, los va a juzgar el pueblo en la Plaza", en referencia a las reformas previsional, laboral e impositiva que el gobierno busca aprobar en el Congreso.
Además hubo presencia de partidos de izquierda como el MST y el PTS y asistieron dirigentes del FIT (Frente de Izquierda), como Myriam Bergman, y del Nuevo Mas, como Manuela Castañeira, quienes cuestionaron duramente la decisión de Bonadio de avanzar con detenciones preventivas de dirigentes políticos. (Télam/NA)

 

Bonadio acuso a Cristina Fernández de traición a la Patria
En un fallo de 365 hojas, el magistrado aseguró que la exmandataria "impartió las órdenes" destinadas a darle "impunidad" a los iraníes acusados del ataque a la mutual judía, tal como denunció el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, y sobre ella también libró un embargo de 50 millones de pesos.
Bonadio dispuso también el arresto domiciliario de Timerman, a raíz de su delicado estado de salud, y la detención del referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, mientras que procesó sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país al exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; a quien era su segundo, Juan Marín Mena; al exvicecanciller Eduardo Zuain; a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; al diputado kirchnerista Andrés Larroque, y al exespía Allan Bogado.
"Estos funcionarios del Estado, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA", sentenció el juez.
Tras el fallo, la Cámara alta deberá analizar el pedido de desafuero de la senadora electa por Unidad Ciudadana, quien impulsó durante su mandato la firma del Memorándum para intentar que declararan en Teherán los iraníes acusados de perpetrar el atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994.
El Senado ya recibió el pedido de Bonadio y tendrá un plazo de 180 días para resolver el tema, aunque el justicialismo dejó entrever que podría rechazarlo y Cambiemos se reunirá la semana próxima para definir una postura: la comunicación del juez fue girada por la Secretaría Parlamentaria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá 60 días para emitir un dictamen, en tanto que el plazo total para que el Senado resuelva la cuestión es de 180 días, según la ley de fueros 25.320.
Mientras el presidente Mauricio Macri guardó silencio sobre el tema, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se encargó de señalar que la avanzada contra Cristina Kirchner "es un tema estrictamente judicial" y remarcó que "está absolutamente garantizado el Estado de Derecho, el normal funcionamiento de las instituciones y las libertades". (NA)

 

No apoyan el desafuero
El jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, dijo ayer que el pedido de desafuero de Cristina Kirchner no es procedente, e informó que el pedido del juez federal Claudio Bonadio será analizado una vez que se constituya la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara.
"La gran mayoría opina que no procede el desafuero", expresó Pichetto en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, y sostuvo el "principio judicial de que el desafuero de un senador o diputado procede ante sentencia firme".
El senador rionegrino recordó que la Corte Suprema sostuvo esa postura cuando se pidió el desafuero del ex presidente Carlos Menem.
Además, mencionó que Cristina Kirchner, "siempre estuvo a disposición de los requerimientos judiciales" y que "no hay peligro de que entorpezca la investigación de la causa".
"En esta etapa procesal no hay impedimento para que la Justicia continúe con sus averiguaciones", aseguró Pichetto y agregó: "Esta cuestión es una materia de naturaleza política".
El senador rionegrino indicó también que "no hay ninguna posibilidad" de que el Senado "se aboque a estudiar esta cuestión porque estamos fuera del período de sesiones ordinarias".
"Este tema es competencia de la comisión de Asuntos Constitucionales que constituiremos en febrero o marzo”. (Telám)