Deben actualizar cantidad de bancas

La Cámara Nacional Electoral ordenó ayer al Congreso que actualice la distribución de la cantidad de diputados nacionales de acuerdo al último censo realizado en 2010, al advertir que en la actualidad la composición del cuerpo se basa en un censo de 1980.
El tribunal integrado por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera hizo lugar a una demanda de un votante cordobés que alegó que "por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito, el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias".
En tal sentido, requirió al Congreso de la Nación que "extreme los recaudos para ejecutar el mandato constitucional" establecido en el artículo 45 de la Constitución Nacional, que obliga ajustar la representación a los datos del censo, "pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada por cada diputado".
"La circunstancia de que la base de representación por la cual se rige la actual composición de la Cámara de Diputados de la Nación continúe siendo aquella que se determinó con los datos poblacionales de un censo realizado hace 38 años, resulta claramente anacrónica", plantearon Dalla Via y Corcuera en la sentencia.
El fallo no precisa qué cantidad de bancas tendría cada distrito, no fija plazos de cumplimiento, ni sugiere una metodología para resolver el rediseño de la composición de la Cámara baja.
La sentencia aclara que "el número de integrantes de la Cámara de Diputados no necesariamente habría de variar en mucho, lo que denota lo innecesario de la modificación en la partida presupuestaria correspondiente para solventar el gasto".

Carrizo.
Luego del fallo de la Cámara Nacional Electoral, cobraron relevancia los únicos dos proyectos en ese sentido que conservan estado parlamentario.
Uno es el de la diputada de Evolución Carla Carrizo, quien en 2016 presentó un proyecto que proponía sumar 33 butacas, y otro pertenece al legislador del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño, que apunta a añadir 71 escaños.
La iniciativa de Carrizo, había sido considerada en el 2016 marco de la discusión por la reforma política, pero quedó a la deriva en sintonía con el naufragio de aquel megaproyecto del oficialismo.
La iniciativa que impulsa la diputada de extracción radical (hoy alineada al espacio que lidera Martín Lousteau) mantiene la base de representación parlamentaria que rige actualmente y que supone que por cada banca se necesiten los votos de 161.000 habitantes "o fracción no menor de 80.500".
Ninguna provincia perdería representación, en tanto que las que ganarían bancas serían las de Buenos Aires (27 bancas adicionales, llegando a 97 totales), Córdoba (3 bancas), Santa Fe (una banca), Mendoza (una banca) y Salta (una banca).

Del Caño.
En tanto, el proyecto que Del Caño copió del texto original de su compañera de partido Bregman, toma como antecedente el modelo de países como España, Canadá y Sudáfrica.
Esta iniciativa también conserva la fórmula de un diputado "cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500 habitantes", pero agrega por distrito tres bancas adicionales, alterando de esta manera el criterio de proporcionalidad.
La provincia de Buenos Aires tendría 30 integrantes más, llegando a 100; Córdoba 6 diputados (24); Santa Fe 4 (23); Mendoza 4 diputados más (14); Tucumán 3 más (12); Entre Ríos 2 diputados más (11); Salta 4 (11); Misiones 3 (10); Chaco 3 (10); Corrientes 2 (9); Santiago del Estero 2 (9); Río Negro 2 (7); San Juan 1 (7); Jujuy 1 (7); Neuquén 1 (6); Formosa 1 (6); Chubut 1 (6); San Luis 1 (6). (NA)

Causa contra Ayala
La Cámara Federal de Casación Penal convocó ayer a una audiencia oral y pública para el próximo miércoles en el marco de la causa contra la diputada nacional de la UCR por Chaco Aída Ayala y otros 14 imputados por supuesto lavado de dinero.
La Sala IV del Tribunal se reunirá el 11 de julio próximo para analizar los recursos presentados por las defensas en relación a la libertad de los imputados.
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos escucharán a las partes antes de resolver en el marco de la causa que investiga los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
El martes, la Cámara de Casación rechazó un planteo de Ayala y confirmó a la jueza Zunilda Niremperger al frente de la investigación.
El Tribunal avaló la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que había desestimado el apartamiento de Niremperger, solicitado por la defensa de la legisladora, al considerar que la magistrada actuó de manera irregular y sin competencia legal para solicitar su pedido de desafuero y detención.
La causa gira en torno al contrato que firmó la Intendencia de Resistencia con una empresa de recolección de residuos, cuando la radical estaba al frente del ejecutivo local.
Niremperger había pedido el desafuero y detención de Ayala en abril pasado, pero luego la Justicia le concedió la eximición de prisión y en mayo la Cámara de Diputados desestimó ese requerimiento.