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Diputados aprobaría la Ley Micaela

EL PROYECTO ANTIBARRAS VOLVIO A COMISIONES

La Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar en el transcurso de la noche el proyecto conocido como «Ley Micaela», para capacitar a funcionarios públicos en la temática de género.
Se prevé que el proyecto sea aprobado sin objeciones y girado al Senado, donde se le dará sanción definitiva en la sesión del miércoles.
La iniciativa, impulsada por el Movimiento Evita, fue llamada de esa manera en homenaje a Micaela García, la oven asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017. El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y en los tres poderes del Estado.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas.
De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas «serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate».

Falta de acuerdo.
La Cámara de Diputados devolvió anoche a comisiones el proyecto de ley antibarra luego de haberlo aprobado en general, debido a que los legisladores no lograron ponerse de acuerdo sobre las modificaciones durante el tratamiento artículo por artículo.
Luego de que la palabra «mamarracho» sobrevolara el debate varias veces mientras los legisladores trataban sin éxito de ponerse de acuerdo sobre los cambios que le harían al proyecto, el diputado del bloque Evolución Martín Lousteau presentó una moción para que la iniciativa volviera a comisiones, la cual fue aprobada con 115 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones.
El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso se había aprobado en genera con 201 votos a favor y 3 abstenciones pero se empantanó cerca de las 22.00, durante el tratamiento particular, donde las distintas bancas no lograron ponerse de acuerdo.
Después de casi dos horas de discusión sobre las modificaciones, los legisladores iban por el décimo artículo de los 44 que tiene el proyecto, sin lograr ponerse de acuerdo respecto de la redacción de ese punto, referido a la tenencia de entradas apócrifas para partidos de fútbol.
El proyecto establece penas de prisión de uno a tres años para la tenencia venta y distribución de entradas falsas y esto abrió una polémica debido a la posibilidad de que una persona pudiera comprar de buena fe una entrada sin saber que es apócrifa y terminara yendo presa.
En medio de esa discusión, Lousteau presentó su moción y el debate quedó suspendido. El hecho se vio motivado también por la decisión del Senado, anunciada durante la tarde, de no votar el proyecto en la sesión del miércoles y postergarlo hasta febrero, con lo que la sanción definitiva de la ley quedó para 2019.
Los diputados no llegaron siquiera a discutir el artículo en el que se preveía introducir el cambio más importante, es que era el establecimiento de la incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y el desempeño en la comisión directiva de un club. (NA)