Diputados aprobó la ley Brisa

DEBATIERON PROYECTOS EN LA CAMARA BAJA

Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio ayer sanción definitiva a la llamada “ley Brisa”, una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro.
La iniciativa, que recibió 203 votos afirmativos, no tenía dictamen de todas las comisiones a las que había sido girada, por lo que debió ser tratada sobre tablas.
La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma).
No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las “víctimas colaterales”, es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.
La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso “la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos”.
Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.
En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares” y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios.
Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una “cobertura integral de salud”.
El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido.Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años.
Durante el debate en el recinto, la diputada de la UCR Alejandra Martínez valoró el impulso que le dio a la causa la ONG Casa del Encuentro y destacó que se trata de una “oportunidad histórica” para avanzar en un régimen de reparación que de respuesta a una situación de “profundo desamparo” que viven las hijas e hijos de víctimas de femicidios.
“En Argentina la violencia de genero se cobra una vida cada 30 horas. Además de estas mujeres asesinados por sus maridos y sus parejas aparecen las víctimas colaterales que son los niños y adolescentes que se quedan sin sus madres. Es un dolor lacerante.Es el momento en que más necesitan de la comunidad y el Estado para que puedan estar allí para garantizar el crecimiento y el desarrollo”, resaltó la legisladora jujeña.

Donación de alimentos.
Diputados también aprobó el proyecto de donación de alimentos, permitiendo a las empresas desprenderse de productos próximos a vencer regalándolos a sectores vulnerables de la población.
Con 145 votos afirmativos, 48 negativos y dos abstenciones, Diputados devolvió con cambios el proyecto al Senado, donde había logrado media sanción el 30 de noviembre pasado.
La iniciativa que crea el “Plan Nacional de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos” obtuvo el apoyo de Cambiemos, del Frente Renovador, de Argentina Federal y del Movimiento Evita, mientras que una mayoría en el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda la rechazaron al advertir sobre los riesgos en la salud que dichos alimentos podrían provocar en los consumidores.
La diputada Elisa Carrió, autora de uno de los proyectos que se unificaron en el dictamen de mayoría, explicó “se pierden 16 millones de toneladas de alimentos” en un país que mantiene un índice de pobreza del “27%”.
“Estamos hablando de alimentos no vencidos que se entregan con control bromatológico por parte de las municipalidades”, detalló.
La líder de la Coalición Cívica afirmó que “la lucha contra el hambre es un escándalo moral en la Argentina” y que en ese contexto no se puede permitir tener “población con hambre cuando sobran alimentos y cuando se desperdician en estado de uso”.
En clara oposición a la iniciativa, el diputado del Frente para la Victoria Adrián Grana aseveró que el proyecto apunta a darle un “manto de cobertura” a empresas que quieran “deshacerse de alimentos dándoselos a los pobres”. (NA)
Extinción de dominio en el Senado
El Bloque Justicialista del Senado presentó ayer un proyecto propio sobre la acción civil conocida como extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes relacionados con el delito, y apuesta a tener dictamen a fines de julio para llevarlo al recinto.
La iniciativa, que fue presentada en conferencia de prensa por los senadores encabezados por Miguel Ángel Pichetto, reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación porque Diputados -que debería votarlo de nuevo, por los cambios hechos- no garantizó su aprobación.
“A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano”, explicó Pichetto durante la conferencia.
Por su parte el senador Rodolfo Urtubey sostuvo que la figura del decomiso “nunca funcionó bien” porque los bienes se deterioraban y que “por eso surgió la idea de la extinción de dominio como una acción civil que permitiera tomar los bienes vinculados al delito, administrarlos y recuperarlos para el Estado”.
El nuevo proyecto, según precisó Urtubey, establece la extinción de dominio como una acción “con autonomía dentro del proceso penal” y señala que “cuando hay certeza de delito para juzgar, el Procurador del Tesoro será legitimado para iniciar la acción”.
Al respecto, aclaró que “se debe probar la vinculación de estos bienes con el delito” y, en este sentido, lo diferenció de la iniciativa original de Diputados que, según explicó, “invertía la carga de la prueba, porque la persona debía acreditar la legitimidad de sus bienes, cuando es el Estado el que debe probar” la vinculación entre los bienes y el delito. (NA)