Diputados debatirán proyectos económicos

En sesión especial, el oficialismo intentará hoy darle media sanción a tres proyectos que el Gobierno nacional considera clave, como la ley de Defensa de la Competencia, “Compre Argentino” y la iniciativa que reforma el Mercado de Capitales.
En la sesión, convocada para las 10.30, también se pondrán en consideración otras iniciativas, como la que crea un régimen de promoción de la industria naval argentina, el que establece el desarrollo de la Marina Mercante nacional y la integración fluvial regional.
Además, se tratará un proyecto que conforma un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual, y una iniciativa que establece que los jueces subrogantes sean elegidos por sorteo.
Sin embargo, los ojos estarán puestos en el paquete económico, principalmente en el tratamiento de la nueva ley de Mercado de Capitales, que fue rebautizada como de “Financiamiento Productivo”.
Esta iniciativa había sido presentada en noviembre del año pasado, pero quedó cajoneada y finalmente fue reemplazada por una nueva redacción, que incorpora herramientas para apuntalar el financiamiento de las Pymes.
Sin embargo, se mantiene el núcleo central del proyecto, que dispone el recorte de la intervención estatal en el sector privado y limita las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), al impedir la posibilidad de designar veedores con poder de veto en los directorios de empresas, como ocurre con la legislación vigente sancionada durante el último mandato de Cristina Fernández.

Dictamen.
En un plenario de comisiones, el oficialismo emitió el miércoles pasado el dictamen de mayoría a favor el proyecto de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir situaciones de abuso de posición dominante de mercado que generen efectos distorsivos sobre la competencia, como la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización.
También se suscribieron dictámenes en disidencia del Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador (FR) y el Frente de Izquierda (FIT).
El proyecto propone la creación de una nueva autoridad de aplicación descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo (se denominará Autoridad Nacional de la Competencia) que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas desleales de concentración económica. Dicho organismo estaría integrado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y dos secretarios. (NA)