Dividen causa contra Macri

El juez federal Sebastián Casanello se declaró ayer incompetente para investigar al presidente Mauricio Macri en la causa por su presunta participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales, por entender que no hay indicios de lavado de dinero sino sólo sospechas de delitos impositivos.
El magistrado giró así una parte del expediente a la Justicia de instrucción, donde se investiga a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito, y el resto al fuero penal económico, por posibles infracciones tributarias.
La causa se inició en 2016 tras el informe del consorcio internacional de periodistas conocido como "Panama Papers", el cual arrojó la supuesta vinculación de Macri con las sociedades offshore Kagemusha y Fleg Trading LTD.
Kagemusha fue constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading en 1998 en Islas Bahamas, y ésta última fue donde Macri figuró por meses como integrante del Directorio.
La denuncia apuntaba a la supuesta omisión maliciosa cometida por Macri al no haber presentado en su declaración jurada su participación en las sociedades, pero luego se extendió hacia supuestas maniobras de lavado de dinero, tal cual la hipótesis del juez y el fiscal Federico Delgado.

UIF.
En su decisión, Casanello valoró que la Unidad de Información Financiera (UIF) advirtió que no se observa, con la información recolectada, "actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación", esto es el lavado de dinero.
En ese sentido, la UIF -recordó el juez en su resolución- informó que Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento en 2008; y que Kagemusha fue disuelta en 2006 por haber tenido morosidad de diez años consecutivos.
La investigación se centraba en especial sobre Fleg Trading, pues la offshore ingresó en Owners comprándole a Socma Americana sus acciones por 9,5 millones de dólares para entre otros negocios, manejar el Pago Fácil de Brasil.
El juez recordó que esa operación tuvo lugar hace casi veinte años y que, incluso, fue Franco Macri, padre de Mauricio Macri, quien reconoció que pagó los más de 9 millones de dólares para realizar aquella operación.
La UIF indicó además que no se pudo acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA.
Owners do Brasil había ingresado a las empresas en 2007, mientras que los hechos que se investigan datan del año 1998, sostuvo la UIF.

Lavado.
Por otra parte, Casanello tuvo en cuenta -en base a los exhortos remitidos por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay- que no se aportaron elementos para acreditar la denuncia, pues no hubo indicios de transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia.
Para el juez la prueba permite "descartar la hipótesis de lavado, eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal, en tanto el quid del asunto pasaba por determinar si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA, y no qué hizo con ese dinero ésta última empresa".
Al ser descartado el delito de lavado de dinero, por el cual era investigado Macri, el juez entendió que ante posibles delitos impositivos debía remitirse una parte de la causa a la Justicia en lo Penal Económico, la cual es competente por ese tipo de hechos.
Por otra parte, el juez remitió otro tanto del expediente al juez de instrucción número 20, el cual investiga desde 2015 posibles hechos de enriquecimiento ilícito en base a una denuncia de la dirigente Gabriela Cerrutti ante inconsistencias en declaraciones juradas que Macri como jefe de Gobierno porteño y como Presidente de la Nación ante la Oficina Anticorrupción. (NA)