Echaron al funcionario y anularon la compra

El secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, tuvo que dar un paso al costado en el Ministerio de Desarrollo Social por la polémica compra de alimentos a precios que superaban los montos de referencia impuestos por la Sigen. Su desplazamiento, decidido por el ministro Daniel Arroyo, se produjo horas después de que el presidente Alberto Fernández ordenara cancelar el pago y advirtiera que el Estado no permitirá abusos ni casos de «cartelización» de parte de los proveedores .
Calvo, que había llegado al ministerio de Desarrollo Social tras haber sido acusado de pedir coimas en Almirante Brown, mientras era secretario de Seguridad del municipio, fue el responsable de la compra de la partida de emergencia de alimentos para abastecer a los comedores populares y su salida se definió luego de que Arroyo abriera un sumario interno para evaluar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. La licitación tenía como objetivo adquirir bolsones –leche, aceite, azúcar, harina, fideo y lentejas– para cubrir el aumento de la demanda en los comedores, que en las últimas semanas se incrementó de 8 a 11 millones de personas.

Sobreprecios.
Lo llamativo de la compra, de alrededor de 400 millones, de pesos fueron los elevados precios que se pagaron, en particular, por las partidas de azúcar y aceite. En el caso del aceite mezcla, por ejemplo, la empresa Sol Ganadera vendió botellas de 1,5 litros de la marca Indigo a 157,80 pesos, cuando la marca Ideal, en el programa de Precios Cuidados, tiene el mismo producto a 98 pesos.
El ministro Arroyo reconoció el lunes que la compra se había aprobado por montos más elevados que los precios testigos puestos por la Sigen, pero indicó que ante la negativa de los proveedores a realizar nuevas ofertas, se optó por abastecer a los comedores en la emergencia.

Pago suspendido.
El Presidente, a su turno, ordenó suspender el pago y, a través de la jefatura de Gabinete, estableció que a partir de ahora el tope para cualquier compra serán los precios máximos fijados por el propio Estado. El Gobierno indicó, además, que se revisarán las licitaciones que todavía no fueron ejecutadas y que superen ese tope. «No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo», advirtió el primer mandatario.
Además, Fernández resaltó en la noche del lunes que se había abierto un sumario interno para investigar cómo se había realizado la operatoria y adelantó que si hubiese existido un acto ilícito sería «el primero en perseguirlo». Por lo pronto, la renuncia de Calvo es la primera secuela.

Nueva resolución.
Por su parte, el gobierno nacional resolvió ayer que en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios «no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos» establecidos por la Secretaría de Comercio Interior. La decisión, adoptada en una Resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros, sostiene en el último artículo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. (Página12/Télam)