"El 99% muere a manos de un delincuente"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró ayer que con el nuevo reglamento de seguridad "salimos de la indefensión", y resaltó que "el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente".
Al responder a expresiones de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien la acusó de "legalizar la muerte", la ministra afirmó que el Poder Ejecutivo "tiene toda la autoridad para dictar reglamentos".
"Así como el gobierno anterior dictaba reglamentos que dejaban indefensos a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad, nosotros dictamos reglamentos que apoyan la seguridad de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad", dijo la ministra en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de una reunión de Gabinete.
Por otra parte, aclaró por "si algún juez intenta declarar la inconstitucionalidad", que "estos reglamentos están planteados en el marco de la absoluta legalidad, y los convenios internacionales que son constitucionales".
Al respecto, aclaró que "el convenio sobre la reglamentación de usos de armas de las Naciones Unidas tiene carácter de tratado internacional, por lo cual está legitimado".
En declaraciones periodísticas, la funcionaria afirmó que en el país se llegó a tener una "Policía de brazos caídos" y señaló que su gestión está "cambiando esa filosofía".
Al mismo tiempo, aseguró que "el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente", al defender el nuevo reglamento sobre el uso de armamento en las fuerzas federales.
Bullrich consideró que "lo que tiene que tener la fuerza de seguridad es la capacidad de accionar para defender a la sociedad, si el reglamento solo le permite defenderse a sí mismo y no defender a terceros, entonces no es policía".
En declaraciones al canal LN+ y a Radio con Vos, la funcionaria consideró que el país viene de "una vieja historia, la dictadura, que le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos".
"Desde que llegamos estamos cambiando esa filosofía. Lo estamos haciendo. Queremos fuerzas que puedan cumplir con su rol. Diría que ese fue un compromiso que nosotros tomamos con nuestro electorado: la lucha contra el narcotráfico, la lucha para tener mejor seguridad y la lucha para que la figura central sea la víctima y no el victimario", dijo.
La ministra resaltó que "la doctrina que hoy tenían nuestras fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes".

Carlotto.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que el nuevo reglamento de uso de armas de fuego que implementó busca "legalizar la muerte".
Carlotto apuntó contra el reglamento implementado por "la ministra de Seguridad transformada en gendarme para legalizar la muerte".
"Se va a transformar en una lucha calle a calle, puerta a puerta", consideró la dirigente de la organización de Derechos Humanos, al cuestionar la nueva reglamentación.
En declaraciones a la radio La990, Carlotto cuestionó que se tomen "decisiones inconsultas sin pasar por el Congreso" y advirtió: "son resabios de una acción dictatorial, si bien este es un gobierno constitucional".

CELS.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado dio a conocer su postura contra la nueva reglamentación. Dijo al respecto que "la medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior. Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial".
Y agregó "a partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes".
Por último sostiene que "el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema. La resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma". (NA)