El Gobierno insiste en "imponer" el aumento

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió ayer que el Gobierno quiere "imponer" su
"criterio" respecto de las tarifas de gas, con un tope de incremento del 400 por ciento para los domicilios, e ir hacia "un esquema de precios (de los servicios públicos) más vinculados con la realidad".
El funcionario responsabilizó por la situación energética al gobierno anterior y sus "pésimas políticas", expresó que en la Argentina se consume "el doble de gas por persona que en Chile y el triple que en los países desarrollados" y enfatizó que la obsesión del Gobierno "es poder generar empleo de calidad y de buenos salarios para reducir la pobreza".
Frigerio habló ayer por Radio Del Plata sobre el debate sobre el incremento de las tarifas de gas que aguarda resolución por parte de la Justicia, luego de los amparos que suspendieron el fuerte incremento dispuesto por el Gobierno.
"Queremos imponer nuestro criterio", sostuvo el ministro de Interior, quien reiteró que el incremento del 400 por ciento impulsado como tope "está combinado con una tarifa social que alcanza a 12 millones de habitantes y que -consideró- "en muchos casos mejora la situación anterior" al incremento de la tarifa.

Audiencias publicas.
Respecto de la falta de audiencias públicas, previas a los incrementos tarifarios dispuestos por el Gobierno y frenados, en algunos casos por la Justicia, Frigerio recordó que "no son vinculantes", aunque, de todos modos, puntualizó que "aceleramos" su realización "para dentro de dos meses".
"Acá nos estamos olvidando del mayor de los problemas, que es que la Argentina se estaba quedando sin gas y esto no es un tema fiscal, porque aún si pudiéramos importar el gas que nos hace falta, cosa que no podemos porque heredamos uno de los mayores déficit fiscal de la historia, no tendríamos forma de hacerlo ingresar en el sistema, porque la matriz energética está al tope de su capacidad", indicó.
El ministro del Interior señaló que "parte del cambio" que propuso el Gobierno, y por el cual fue elegido, "es asumir que no se puede durante 10 años aumentar los precios casi un mil por ciento y congelar los servicios públicos, porque eso es una distorsión y una señal equivocada para los inversores y para la gente, que es la que sufre este tremendo error".
Además, agregó que "esta distorsión afecta también al medio ambiente". (DyN)