El juez Rafecas amplió el procesamiento de José López

El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y procesó a su esposa Maria Amalia Díaz y a dos empresarios, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera, en la causa por enriquecimiento ilícito, al agregar como parte del delito la casa en la que vivía el matrimonio en Dique Luján, en el partido de Tigre.
Además, el juez ordenó investigar si hubo desvío de fondos o entrega de dinero ilegal por parte de la Secretaría de Obras Públicas que comandaba López al Arzobispado de Mercedes Luján, a cargo del fallecido Obispo Rubén Di Monte, algo que quedará a cargo de otro magistrado, según el fallo firmado ayer.
En cuanto a otra indagada en la causa, la hermana Celia Inés Aparicio, Rafecas la dejó con falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba, ya que en el expediente no se pudo establecer aún si encubrió a López, cuando una filmación la registró ayudando al ex funcionario a ingresar los bolsos al monasterio donde ella vive.
En su resolución, Rafecas le amplió el procesamiento a López y fijó su embargo en 220 millones de pesos al dar por probado que la casa de Dique Luján, valuada en unos 700 mil dólares, es de su propiedad pese a que figuraba como inquilino.
López ya estaba procesado con prisión preventiva por los bolsos y la valija con casi 9 millones de dólares y relojes de alto valor, entre ellos un Rolex, que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio pasado, cuando quedó preso.

Partícipe necesaria.
En cuanto a la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, el juez dispuso su procesamiento en calidad de partícipe necesaria del enriquecimiento, en tanto a los empresarios Galera y Gutiérrez también los proceso, pero en este caso como supuestos testaferros del detenido ex funcionario.
Al fundar su decisión, el juez dio por probado que la esposa de López “participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio” de su marido, desde que ambos vivieron en el lugar a partir del 2011 “a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo”.
En cuanto a Galera y Gutiérrez, Rafecas los consideró partícipes necesarios al actuar como presuntos testaferros en las maniobras porque figuraron como sucesivos titulares de la propiedad: desde 2008 a 2010 el primero y el último desde ese año a la actualidad. (Télam)