El DNU de Macri obtuvo dictamen

El PRO logró ayer un primer respaldo en la Legislatura porteña para la aprobación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que refiere a la defensa de la libertad de expresión y prensa, con la promesa hacia las fuerzas de la oposición de introducir modificaciones a la normativa.
El compromiso establecido por el macrismo se dio en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde el expediente del DNU logró convertirse en despacho de mayoría, con ocho votos positivos del PRO -de los 15 miembros que componen el plenario- para ser girado al recinto de sesiones.
En tanto, el interbloque kirchnerista -conformado por el Frente para la Victoria, Frente Progresista y Popular y Nuevo Encuentro- votó en contra de la aprobación del decreto macrista y, según lo establecido por el director de la comisión, el diputado Helio Rebot, habrá tiempo hasta el miércoles a las 16 para sumar más despachos en disidencia.

Reformas.
En rigor, el PRO lanzó el ofrecimiento al observar que no alcanzaba a los 31 votos que requiere la aprobación de un DNU en el marco de una sesión ordinaria, ante la imposibilidad de llegar a esa cifra dado que cuenta con 26 escaños más tres aliados.
En consecuencia, los representantes del macrismo en la comisión adelantaron su voluntad de realizar las reformas a los puntos más cuestionados del DNU por la oposición.
Puntualmente, lo pactado contempla la aprobación del texto redactado por Macri en la sesión del jueves 30 de mayo y seguidamente la sanción de una ley "correctiva" del DNU en la que se contemplen las modificaciones acordadas y que podrían enmarcarse en un proyecto que redactó el diputado de Proyecto Sur Julio Raffo.

Mamarracho.
En la reunión de la comisión, que se extendió por más de cuatro horas, el legislador kirchnerista Juan Cabandié cuestionó en duros términos la iniciativa del PRO al afirmar que el DNU "es un mamarracho y una vergüenza que sigue los lineamientos de (Héctor) Magnetto y del Grupo Clarín".
"Están defendiendo un monopolio y lo que hacen es gatillar la última bala que le queda a Clarín", agregó el legislador.
Al respecto, fue el legislador del PRO Cristian Ritondo quien respondió los dichos de Cabandié al afirmar: "si yo tengo que defender a Magnetto y al Grupo Clarín lo voy a hacer, si ése es el muro que contiene la libertad de prensa".
La legisladora del Frente para la Victoria, María José Lubertino, aseveró que el decreto de Macri "es de gran oportunismo político, un disparate jurídico y de gravedad institucional".

29 sentencias.
El gobierno de la Ciudad incumple 29 sentencias de la Justicia porteña en su contra por omisión de derechos en materia de salud, vivienda, educación y alimentación, como solucionar el déficit de infraestructura de los hospitales y brindar soluciones habitacionales, entre otros temas sensibles que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los magistrados judiciales Gustavo Moreno y Andrés Gallardo explicaron que muchas de las sentencias corresponden a causas iniciadas durante la gestión de Mauricio Macri y que la administración PRO ha acrecentado la falta de cumplimiento de las demandas judiciales.
"El gobierno porteño utiliza todos los artilugios para no cumplir con las decisiones judiciales", aseguró en una entrevista con Télam el asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario 1 de la Ciudad, Gustavo Moreno".
El magistrado de la Ciudad también cuestionó que "este gobierno reacciona espasmódicamente por lo que sale en los medios de comunicación y no cumple lo que dice una sentencia judicial".

Incumplimiento.
En línea con Moreno, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Andrés Gallardo opinó que en primer lugar "hay un desapego al cumplimiento de las pautas constitucionales, la ley y las sentencias".
"Lo más grave es que detrás de ese incumplimiento formal subyace una postura política que claramente lo pone al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la construcción de la sociedad dual, en la cual un grupo de vecinos goza de los derechos constitucionales sin ningún tipo de restricción y una importantísima cantidad de vecinos quedan afuera de ese goce de derechos", sostuvo.
Y subrayó: "Este combo de discriminación social y luego represión como añadidura es, según los libros más importantes de sociología, generador de violencia". (Télam)