El gobierno quiere frenar la readecuación

El Gobierno convocó a los accionistas de la empresa Cablevisión a una asamblea para dejar sin efecto el plan de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que le había pedido la Afsca.
Fue a través de un comunicado en el Boletín Oficial que convoca a los apoderados de la empresa a reunirse el próximo 12 de enero en asamblea extraordinaria para modificar las resoluciones establecidas el año pasado y "dejar sin efecto todos los pedidos de autorización y/o registración en trámite relativos al Plan de Adecuación a ser modificado".
El comunicado informa también que en esa reunión se cancelarán "las decisiones de las asambleas de fechas 21-3-2014 y 30-6-2014 que resolvieron medidas societarias de implementación de dicho plan de Adecuación, incluyendo sin limitación la escisión parcial de la Sociedad".
El Gobierno llamó entonces al directorio de Cablevisión "para que analice, proponga y someta a consideración de la Asamblea" un nuevo plan modificado que tenga en cuenta "los mejores intereses de la Sociedad" pero también "refleje todos y cada uno de los criterios aplicados por la Afsca", además de un "tratamiento de acciones en cartera".

Sabbatella.
La Policía Federal desalojó por orden del juez Julián Ercolini la sede de la Afsca en el marco de la intervención dispuesta por el Gobierno y clausuró el edificio ante la presencia de su director, Martín Sabbatella, quien advirtió que la medida "implica la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
El juez Ercolini ordenó el desalojo del organismo para llevar a cabo un allanamiento solicitado por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien horas antes había imputado a Sabbatella por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La imputación se basó en la negativa del funcionario a abandonar el edificio hasta tanto se pronunciara la Justicia sobre la medida cautelar que presentó cuestionando la validez del decreto del presidente Macri por el cual dispuso la intervención del organismo a través del dirigente Agustín Garzón.

Desalojo.
Los efectivos policiales, encabezados por el comisario Esteban Artola, se presentaron durante la tarde de este jueves en la sede del organismo, ubicada en la calle Suipacha de la Capital Federal.
Allí, le comunicaron directamente a Sabbatella que tenían orden de desalojar el edificio "piso por piso" para llevar a cabo un allanamiento: el procedimiento culminó a las 22:45, en plena Nochebuena, con la colocación de la última faja de clausura en la puerta principal de la sede.
Tras salir del edificio, cuya actividad quedó suspendida, el funcionario relató que cuando la Policía Federal llegó a la sede de la Afsca le pidieron al comisario Artola que se comunicara con el Juzgado "para ver si el juez Ercolini sabía que no estaba solamente desalojando el edificio sino suspendiendo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
"El juez no estaba. El comisario habló con la secretaria, que dijo que para él era lo mismo, y la secretaria dijo que avance (con el desalojo) con las consecuencias que tenga. El juez Ercolini es consciente entonces de que este desalojo implica la suspensión de la ley", afirmó el funcionario.
El funcionario sostuvo que "en 20 horas resolvió un planteo el mismo juez que hace cinco años tiene trabada la causa de Papel Prensa" y consideró que "hay una parte del Poder Judicial que es cómplice de poderes concentrados que quieren violar la ley".
"Quieren suspender la ley de hecho. Están locos, no tienen límites. Clausuraron un organismo creado por ley y que tiene responsabilidad de aplicar una ley de la democracia. Le pusieron una faja de clausura a la ley", expresó Sabbatella en declaraciones a la prensa luego del desalojo, al tiempo que arrojó fuertes críticas tanto para Ercolini como para "un sector del Poder Judicial".

Amparo.
De todas formas, el funcionario recordó que todavía se encuentra en trámite ante la Justicia un amparo que presentó el último miércoles pidiendo que "se revea" el decreto por el que el Presidente ordenó la intervención de la Afsca y un habeas corpus "para garantizar la libertad ambulatoria y de trabajo de todos los empleados". (NA)