El jardín Tribilín estaba habilitado

Dos concejales de San Isidro descubrieron ayer que el municipio reconocía a Tribilín, donde se produjeron hechos de maltrato a niños, como “establecimiento educacional Jardín Materno Infantil” desde 2002, cuando a través del Boletín Oficial local lo eximió del pago de tasas.
A contramano de lo expresado el miércoles por el intendente, Gustavo Posse (“Tribilín no tenía habilitación” para funcionar como Jardín “y solo contaba con la aprobación de una presentación de planos”), los concejales Leandro Martín (Frente para la Victoria) y Marcos Hilding Ohlsson (Convocación por San Isidro) hallaron ayer el decreto 874, de 2002 y publicado en el Boletín Oficial.
Allí se exime del pago de tasas “al establecimiento educacional Jardín Materno Infantil Tribilín, ubicado en O`Higgins 591” de ese partido del norte del conurbano.
“San Isidro tiene un sistema por el cual los establecimientos educativos pueden obtener una eximición de impuestos si ponen a disposición del municipio un 5% de la matrícula para becas”, explicó el concejal Martín.
Esto “implica que el municipio conocía al establecimiento y la actividad que se realizaba en él, por lo cual realizaremos un pedido de informe para que se aclare cuál era realmente la situación”, indicó.

Establecimientos.
Hilding Ohlsson detalló que en agosto de 2002 su bloque impulsó un pedido de informe dentro de la comisión de Educación para que el municipio entregue un listado de todos los establecimientos de nivel inicial.
“Nunca logramos siquiera sacar un dictamen de comisión con el pedido. Para nosotros éste es un tema muy importante porque los vecinos se quejan, por un lado de que no hay lugares, y por el otro de que no tienen claro qué jardines están habilitados”, explicó.

Supuestamente inhabilitado.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró el miércoles que el jardín denunciado no tenía “habilitación para funcionar como tal y sólo contaba con una aprobación de presentación de planos”.
“Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato”, dijo Posse, y calificó a los responsables del establecimiento como “delincuentes con una grave patología”.
Posse aseguró que el municipio “solo aprobó, hace 16 años, los planos del jardín, pero no hay documentación sobre habilitación”. También justificó la ausencia de un seguimiento en “la gran cantidad de centros educativos privados” que hay en ese partido.
Hernando Sirera, asesor legal del jardín Tribilín, aseguró el miércoles que el lugar estaba habilitado.

Allanamiento.
Sobre el allanamiento realizado en la noche del miércoles a la guardería, a la que la policía ingresó por la fuerza tras romper la puerta y luego secuestró computadoras y documentación, el letrado dijo que “nadie solicitó las llaves. No nos llamaron”, afirmó.
“Hoy nos vamos a presentar y estamos a disposición de la justicia para colaborar en lo que sea necesario”, dijo el abogado.

Separadas.
En tanto, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, abrió un sumario administrativo y separó de sus cargos a las inspectoras regional y distrital de San Isidro mientras dure la investigación por los casos de maltrato.
La suspensión recayó sobre la inspectora Mónica Seal, titular de la Región IV -que abarca los municipios de San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López-, y Patricia Naso, referente distrital de San Isidro. (Télam)