Elisa Carrió rechazó la ley

REFORMA DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

La diputada nacional de la CC-ARI Elisa Carrió expresó ayer su rechazo a la ley del Ministerio
Público Fiscal que, de sancionarse, precipitaría la salida de la procuradora Alejandra Gils Carbó el año próximo y presentó una “observación” al dictamen de comisión para modificar esa normativa.
La legisladora aseguró que el “camino” para desplazar a Gils Carbó es a través de un “juicio político” y cuestionó también que el mandato del Procurador sea de cinco años porque de esa manera permite que cada Presidente pueda realizar un nuevo nombramiento.
En el texto, Carrió asegura que “como mínimo” el mandato debe ser de “diez años” y además plantea que “hay intromisión” del Poder Legislativo en la Justicia al darle muchas funciones a la
bicameral de Seguimiento.
El rechazo fue transmitido por Carrió al propio presidente Mauricio Macri previo a presentar las observaciones al dictamen y hacer pública su crítica, afirmaron las fuentes cercanas a la
chaqueña que presentó una denuncia penal en contra de Gils Carbó en la Justicia y realizó el pedido de juicio político.
Esta postura va en contra de su propia alianza Cambiemos que logró en la Cámara de Diputados que se emita dictamen de comisión favorable al proyecto para modificar la ley que regula el Ministerio Público Fiscal, iniciativa que será tratada el miércoles en la Cámara Baja para pasar después al Senado.
La propuesta, debatida en un plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, propone limitar a cinco años el mandato del procurador general y dispone que la remoción de la actual titular del Ministerio Público se resuelva por la comisión bicameral parlamentaria.

Gils Carbó.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó aseguró que de aprobarse el proyecto que reforma la actual Ley del Ministerio Público Fiscal “sería claramente inconstitucional” porque establecería la injerencia de otros poderes en la Justicia.
Gils Carbó aseguró, tras su paso por Chaco, donde suscribió un convenio para poner en funcionamiento el Enlace de Acceso a la Justicia en el marco del programa Atajo, que se violaría el artículo 120 de la Constitución Nacional que establece que el Poder Judicial es autónomo e independiente.
La procuradora General, explicó que “la injerencia está dada porque funciones claras de la Procuraduría se trasladan a 16 legisladores que además no son representativos de todas las provincias”. (Télam)

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