Enérgica protesta a la ONU por su relatora

El Gobierno elevó ayer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una “enérgica protesta” luego de que su relatora especial Gabriela Knaul reiterara cuestionamientos a la reforma judicial, y advirtió que podría iniciar acciones “para preservar el buen nombre y el honor” de la Argentina.
El escrito, firmado por el canciller Héctor Timerman, está dirigido al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, embajador Remigiusz Achilles Henczel, y denuncia “las transgresiones a los procedimientos” cometidos por Knaul en su pronunciamientos contra las iniciativas del Gobierno argentino en materia judicial.
Según señaló la nota, la conducta de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados en el Mundo “sería violatoria de los procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución”, por entender que Knaul formuló sus cuestionamientos anticipadamente, sin esperar la contestación oficial del Gobierno a un pedido de explicaciones que había presentado.

Plazo.
En la carta a Achilles Henczel, la Cancillería señala que el Gobierno contaba con “30 días” de plazo para responder a la especialista brasileña, que había requerido explicaciones sobre el paquete de leyes de reforma judicial que se debate en el Congreso por impulso de la Casa Rosada.
“El artículo 10 del Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales (relatores) del Consejo de Derechos Humanos indica que podrán recurrir a los llamamientos urgentes (como el que Knaul le presentó al Gobierno sobre la reforma judicial) en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas”, destacó la carta de Timerman.

Procedimiento.
De esta manera, el ministro señala que el requerimiento sobre la reforma judicial presentado por Knaul no se ajusta al procedimiento establecido por la propia ONU para sus relatores especiales y que “se ha efectuado una utilización abusiva de un recurso que el Consejo de Derechos Humanos estableció para cuestiones de carácter excepcional”.
Timerman también reseñó que según el mismo Código de Conducta “los procedimientos especiales deben tratar siempre de establecer los hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna” y que, en cambio, Knaul “reconoce el anonimato de las denuncias recibidas” en contra de la reforma judicial.
Así, además de resaltar los artículos que no fueron respetados, el Gobierno advirtió que “se hará reserva de los medios que le corresponden para preservar el buen nombre y prestigio del país así como de la organización a la que, con tanto orgullo, pertenece”.

Críticas.
Por otra parte, Timerman se quejó de que Knaul haya reiterado ayer sus críticas a la reforma judicial a través de medios de prensa argentinos, habiendo recibido la respuesta formal a su pedido de explicaciones sobre estas leyes a las 8:00, según indicó.
En efecto, Knaul volvió a advertir ayer por la mañana que existe “un potencial riesgo de que se rompa la independencia” judicial si avanza en la Argentina la reforma impulsada por el Gobierno.
“La Justicia no es un órgano político”, señaló Knaul en rechazo al proyecto de elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que se votará el próximo miércoles en el Senado.

Declaraciones.
En declaraciones a una radio porteña, la relatora advirtió ayer: “¿Por qué hay una necesidad de hacer una vinculación de los miembros de la Justicia con los partidos políticos?”.
Manifestó que “es necesario entender que la Justicia no es el poder Ejecutivo” y sostuvo que aún no había recibido las respuestas ante la carta que le envió al Gobierno pidiéndole explicaciones, a pesar de que el Ejecutivo las giró el miércoles por la noche.
“¿Cuál es la garantía del ciudadano de acceder a un juez imparcial e independiente para decidir y juzgar cuando sus derechos sean violados?”, se preguntó la relatora, que también cuestionó la regulación de las medidas cautelares en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte.
Y, en este camino, rechazó los cuestionamientos del Gobierno argentino por su supuesta falta de “ecuanimidad” en el caso en cuestión, al señalar: “Mi mandato me obliga a llamar la atención a los gobiernos cuando hay un potencial riesgo de que se rompa la independencia del Poder Judicial. Si yo no hiciera lo que estoy haciendo, no estaría cumpliendo mi mandato”. (NA)