"Es de una gravedad sin precedentes"

El pasado 27 de octubre, el radical Matías Rappallini, candidato de Juntos por el Cambio, obtuvo su reelección por un margen de 48 votos en un distrito de diez mil habitantes. En las horas posteriores surgieron denuncias de empleados municipales a quienes les habrían retenido el DNI para impedir que votaran. El Frente de Todos confirmó 30 denuncias, pero trascendió que hay 150 casos similares.
El juez Ziulu deberá decidir cómo sigue el caso. La Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires establece de uno a tres años de prisión a quien retenga el DNI de un elector impidiéndole votar. Por su parte, los apoderados de Coudannes presentarán en el juzgado Federal de La Plata y en la Junta Electoral Provincial un pedido de impugnación total de las elecciones en el municipio.
Coudannes aseguró además que aportarán todas las pruebas que demostrarán la veracidad de los hechos denunciados y presentarán un pedido de citación a los damnificados, así como la intervención de la Gendarmería Nacional, por considerar que la policía distrital cometió irregularidades cuando los damnificados quisieron realizar la denuncia correspondiente. "Lo sucedido es de una gravedad institucional sin precedentes", advirtió el candidato opositor.

Voto por correo.
En tanto, apoderados del Partido Justicialista y del Frente de Todos ampliaron en la justicia electoral la denuncia que habían realizado esta semana, por presuntas irregularidades en las elecciones generales del domingo, referidas a las votaciones realizadas por correo, al voto presencial en el exterior y al nivel de participación de los electores que no residen en el país. El apoderado del PJ, Jorge Landau, explicó que la presentación demuestra "irregularidades y la real intencionalidad que tuvo la modificación del régimen legal de voto de argentinos en el exterior -a través de un decreto del Poder Ejecutivo-, incorporando una modalidad que debió haber contado con la mayoría especial de los cuerpos legislativos".
Sostuvo además que esta modificación debió haberse realizado con la "participación de todas las fuerzas políticas, a través de la modificación de la ley 24.007".

Identidad.
En el escrito se manifiesta que en lo referido al voto por correo, "luego del fallo de la Cámara Nacional Electoral que confirmó la inconstitucionalidad del procedimiento establecido en el decreto 45/2019 -en cuanto eliminaba el escrutinio provisorio que debía realizarse en las sedes consulares- el Poder Ejecutivo no modificó la norma en cuestión dejando así un vacío legal". Y que pese a la "Cámara electoral estableció un procedimiento para el conteo de votos" donde "se contemplaba constatar la identidad de los electores en base a la declaración jurada que debía acompañar el voto", a "última hora de la tarde, la propia cámara comunicó a las sedes consulares la suspensión del procedimiento de verificación de identidad hasta la conclusión del comicio del 27 de octubre a las 18 horas".
"Los fiscales no fueron informados en tiempo y forma de dicha suspensión y por la diferencia horaria algunas sedes no llegaron a recibir la contraorden y procedieron a la apertura el jueves 24 a las 9.30 horas. Por ejemplo, en los consulados sitos en Miami, en Nueva York y en Estocolmo los fiscales del Frente de Todos llegaron el jueves 24 a la hora señalada a controlar la apertura de sobres y las autoridades se negaron a realizar el procedimiento de apertura de sobres y constatación de identidad de los votantes por correo". "Asimismo, en otras sedes los fiscales se encontraron con que los sobres ya habían sido abiertos a medida que fueron llegando, sin ningún tipo de control por parte de las fuerzas políticas", amplia el texto. (Página12/Télam)