“Es imposible sin aval del Senado”

POLEMICA POR LA DECISION DE AGUAD DE INDEMNIZAR A MILITARES

La decisión del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de compensar a militares que habían sido separados de sus cargos por sus relaciones con la última dictadura, generó ayer polémica y críticas del kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.
La diputada del Frente para la Victoria y ex ministra del área, Nilda Garré, defendió la decisión que adoptó en 2010 su administración y señaló que fueron apartados porque eran “oficiales que, en un futuro, iban a establecer políticas, actividades y alineamientos”.
Esa medida, respaldada por la entonces presidenta Cristina Fernández, había establecido también el no ascenso de ese grupo de militares de alto rango, unidos con lazos de sangre a oficiales relacionados a la última dictadura.
Ahora, Defensa dejó sin efecto esa disposición y otorgará un beneficio extraordinario a esas personas por la “diferencia de los haberes que les hubiera correspondido percibir hasta el dictado” de la norma, que fue publicada el lunes en el Boletín Oficial.
“Aguad dice disparates, es imposible ascender a una persona sin aval del Senado”, señaló Garré en declaraciones a radio Futurock.
La ex funcionaria sostuvo que “por razones de méritos, oportunidades y conveniencias se consideró que estos oficiales no cumplían con esos requisitos y no iban a dar el perfil de oficial deseable para las Fuerzas Armadas del futuro”.
“Hasta algunos habían hecho elogios públicos a la dictadura. Algunos otros eran hijos de militares condenados por la dictadura”, subrayó Garré.
Y agregó: “Lo que dice Aguad siempre son cosas en las que se tiene que rectificar. Dice muchos disparates. Ascender a una persona y que esta decisión requiera del aval del Senado es imposible en sí misma”.

Pietragalla.
Por su parte, el diputado nacional del FpV Horacio Pietragalla dijo que la decisión “va en sintonía con la ideología del Gobierno”, en el marco del actual “estado represivo, que tiene de aliados a las fuerzas de seguridad”.
“El Gobierno quiere mostrar gestos de complacencia con los militares. Es loco que pase muy cerca de lo que pasó en Brasil”, advirtió el legislador en declaraciones a NA.
A su entender, “no hubo venganza” durante el gobierno anterior, sino “un proceso de memoria, verdad y justicia”.
“Lo que están haciendo es reparar a quienes hoy mantiene una teoría de los dos demonios”, subrayó Pietragalla, al tiempo que resaltó que los militares que fueron pasados a retiro “habían tenido acciones antidemocráticas”.

Hijos.
El dirigente de Hijos Capital Carlos Pisoni, en tanto, aseguró en declaraciones al canal C5N: “Estos 25 oficiales son personajes que no representan a la democracia. Creemos que esta decisión de Aguad es coherente con los retrocesos de este gobierno en Memoria, Verdad y Justicia”.
Tras adoptar la decisión, Aguad señaló en declaraciones al diario La Nación: “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones sólo para quedar bien con sus votantes”.
Entres los beneficiados por la nueva resolución hay integrantes de las tres fuerzas.
Por el Ejército, figuran los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Cattaneo, Luis Cattaneo, Ramón Centeno, Mario Díaz, Antonio Duarte, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Muñoz, Justo Rojas Alcorta, Guillermo Saá, Ricardo Schulz, Pedro Tagni, Jorge Toccalino, Roberto Vega y Francisco Canevaro.
En tanto, por la Armada, los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Pizzagalli, Jorge Sciurano, y James Whamond, mientras que por la Fuerza Aérea, el vicecomodoro médico Omar Hermida. (NA)

Beneficiados pertenecen a las 3 fuerzas
Los involucrados la indemnización que resolvió el Gobierno de Macri pertenecen a las tres fuerzas. Entre ellos, está el teniente coronel Roberto Augusto Vega, quien en 2005 recibió una sanción por un discurso que dio en la ceremonia de juramento de la bandera ante los soldados que estaban recibiendo instrucción. Les dijo: “¡Mírenla bien! Porque es la misma bandera por la que varios soldados llevan grabadas en sus cuerpos las heridas recibidas peleando en Manchalá, contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo”.
Se refería a un enfrentamiento de mayo de 1975 con el ERP del Comando Táctico de Famaillá, donde comenzó a funcionar el primer campo de concentración durante el Operativo Independencia en Tucumán.
Otros involucrados del Ejército son Roberto Ruzzante, quien habría mostrado su solidaridad con el represor Alejandro Duret; y también el teniente coronel Oscar Faisal, que habría brindado asistencia a militares que estaban siendo juzgados en Corrientes por delitos de lesa humanidad.
De la Fuerza Aérea, en la resolución de Aguad figura solamente el vicecomodoro médico Omar Eduardo Hermida. Algunos de los ex marinos que incluyó pertenecieron al círculo del ex jefe de la Armada Jorge Godoy, condenado por el espionaje ilegal en Trelew, y -según fuentes con conocimiento del sector militar- estarían hoy trabajando para Cambiemos.
Entre los involucrados de la Armada están James Ronald Whamond -quien es sobrino del difundo Francis Whamond, integrante del grupo de tareas de la ESMA-, Jorge Sciurano cuyo padre fue ministro de Gobierno de Santa Fe en la dictadura.