"Es vergonzoso, nos humilla"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó ayer como "una provocación y una persecución muy desagradable" el informe oficial que difundió el Gobierno que afirma que fueron 6.348 los desaparecidos durante la última dictadura y reclamó que "en lugar de preguntarse cuántos son", colaboren para "encontrarlos".
"Fue una muy mala noticia, muy desagradable. En vez de investigar cuántos son, que nos ayuden a encontrarlos, no a sacar una estadística, tanto por los que están enterrados, diseminados por el país, como por los nietos", señaló Carlotto, respecto al informe que difundió este lunes la Secretaría de Derechos Humanos que está a cargo de Claudio Avruj.
Carlotto explicó que el emblemático número de 30 mil desaparecidos "es una cifra estimativa, que se hace en base a lo que se ha recogido en cada lugar" y recordó que todavía se están "enterando de niños que no han sido buscados".
En declaraciones a radio Provincia, la referente de derechos humanos señaló que las estadísticas las hacen en base a su propia información porque "jamás los depredadores, los asesinos, declararon sobre el tema".
"Esto es una provocación, una persecución, es muy desagradable darle respuesta a un grupo desconocido de abogados que le piden información sin una justa demanda", cuestionó Carlotto, tras el pedido de información pública que hizo la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.
La dirigente dijo que van "a pedir referencias sobre esos abogados que dan las cifras, quiénes son", a la vez que afirmó que "hay toda una campaña para disminuir" la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y hacerlas "quedar como mentirosas".
"Nosotros ya le tuvimos que responder a (el ex ministro de Cultura porteño, Darío) Lopérfido, siguió con el propio presidente (Mauricio Macri) y ahora con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación", puntualizó en alusión a la polémica por el número de desaparecidos durante la última dictadura.

Cuestionamiento.
Carlotto se preguntó incluso "por qué ahora están removiendo algo tan delicado, tan duro, tan difícil para la sociedad entera", a la vez que cuestionó que "han pasado 40 años y esta gente antes no preguntó nada y ahora empieza a preguntar y el Estado urgentemente le responde cuando a nosotros tardan años en darnos una respuesta satisfactoria".
En este sentido, enfatizó que no sabe "de dónde han salido esas cifras" que reveló el informe, en el que se asegura que entre octubre de 1973 y diciembre de 1983 hubo 8.571 víctimas del terrorismo de Estado (entre desaparecidos y asesinados), y añadió que "nunca se dio una cifra así".
Puntualmente, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) que depende del Ministerio de Justicia precisó que durante la última dictadura hubo al menos 6.348 víctimas de desaparición forzada (sin contar los más de 900 registrados como víctimas de asesinato).
"Esto nos espanta, pero no perdemos las fuerzas. Esto nos hace tener que responder en lugar de tener respuestas del Estado. Es vergonzoso, nos humilla, las Naciones Unidas registran más de 15 mil, por qué no les preguntan a ellos", cuestionó.

Avruj.
Las críticas de la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo motivó la reacción de Claudio Avruj: el secretario de Derechos Humanos de la Nación se comunicó personalmente con la dirigente para explicarle que el informe con el número de desaparecidos surge de un relevamiento realizado por el Gobierno de Cristina Fernández.
"La cifra del Ruvte no fue obra de esta administración, fue creada en 2013 y ratificada por Martín Fresneda (ex secretario de Derechos Humanos). Los datos que damos están en la web y fueron subidos por la gestión anterior", remarcó el funcionario en diálogo con Infobae.
Incluso, el funcionario planteó dudas sobre "si la decisión de no revelarlo antes tuvo que ver con el doble estándar" por parte del Gobierno de Cristina Fernández, "si hubo una decisión política de no dar acceso en beneficio de otro interés político".
"Lo nuestro no es una política artera ni tenemos el objetivo de hacer daño. Simplemente respondimos al acceso a la información pública. Me reconoció que no es cierto que obstaculizamos la búsqueda, pero me pidió que expliquemos más claramente el tema", señaló. (NA)