Es ley el proyecto de Argentina Digital

La Cámara de Diputados convirtió en ley, con el respaldo del oficialismo y sus aliados, el proyecto de Argentina Digital, que apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones sociales equitativas.El proyecto fue aprobado en general por 131 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Solidario Popular, y el Frente por la Inclusión Social.
En tanto, un heterogéneo grupo de bancadas opositoras conformadas por fuerzas políticas de centroderecha, radicales, socialistas, massistas y trotskistas reunieron 97 sufragios por el rechazo al proyecto promovido desde el gobierno.
La sanción del proyecto de Argentina Digital fue festejado por trabajadores del gremio de los telefónicos (Foetra) que se encontraban observando el debate en los palcos destinados a los invitados.
Tras casi cuatro horas de debate y tras la aprobación en general, el plenario de diputados en un trámite rápido realizó la votación en particular de cada uno de los capítulos que conforman esta estratégica iniciativa.
El debate del proyecto de Argentina Digital fue abierto por el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Mario Oporto (FPV), quien defendió la iniciativa, al señalar que con el mismo se pretende "profundizar este camino de justicia social con inclusión digital" y que "no hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones"
Para el diputado por la provincia de Buenos Aires, en materia de telecomunicaciones "el Estado juega un rol importante, el papel de tener que regular el control del sistema, y a eso apunta esta legislación".
"El Estado debe jugar y no dejar todo en papel del mercado; porque la intervención del sector público es imprescindible porque los actores son muy grandes", aseveró el diputado oficialista.

 

Oposición.
Desde el radicalismo, el jujeño Miguel Guibergia dijo que este proyecto "modifica peligrosamente las reglas de juego" y se quejó del apuro del oficialismo por sancionar el proyecto al afirmar que el FPV "evitó el debate".
En tanto, la massista Graciela Camaño afirmó que "es necesario actualizar la ley de telecomunicaciones", pero se quejó de que "este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de ser cámara revisora" y dijo que "no va a generar competencia ni inversiones" y tiene "contiene facultades delegadas al gobierno anticonstitucionales".
Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le pareció "vergonzoso el trámite del proyecto de ley" porque "los representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder los representantes del pueblo incluir modificaciones".

 

Ley.
El proyecto apuesta a garantizar la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los argentinos "a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".
Además tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.
Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar.
Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.
En otro sentido, se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de "Servicio Universal" que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país. (Télam)

 

Código Civil y Comercial
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto por el cual se adelanta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, al 1 de agosto de 2015, en lugar de la fecha original establecida por la ley, que lo ponía en práctica el 1 de enero de 2016.
Tras un breve debate en la que los representantes de los diferentes bloques expusieron sus posturas en relación a la entrada en vigencia, el proyecto obtuvo en la votación 130 respaldos y 93 rechazos.
Respaldaron el proyecto los diputados del Frente para la Victoria y sus habituales aliados, en tanto que los representantes del arco opositor lo hicieron por la negativa.
El nuevo Código Civil y Comercial, aprobado el pasado 1 de octubre, contiene 2.671 artículos, uno de los cuales disponía que su puesta en vigencia iba a ser el 1 de enero de 2016.
Justamente, la cantidad de artículos y lo que entienden como el desconocimiento de la gente sobre el contenido de los mismos, fue el argumento principal que esgrimieron los opositores para justificar sus rechazos al proyecto.
La iniciativa que se convirtió en ley fue elaborada por los senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto -jefe de bloque- y Aníbal Fernández.

 

Aprobaron proyecto
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que reforma el Código Electoral para establecer la elección de los 43 legisladores que representarán a la Argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el objetivo de que se realicen en forma conjunta con los comicios presidenciales de octubre de 2015. La iniciativa fue debatida en el marco de una sesión especial.
Tras más de cuatro horas de debate, el proyecto fue aprobado por 140 votos a favor, del oficialismo y sus habituales aliados; 72 en contra, de la mayoría del arco opositor, y 18 abstenciones, de los diputados del Frente Renovador.
Además, los diputados de Unidad Popular -de Victor De Genaro y Claudio Lozano- y los de Compromiso Federal, referenciado en los hermanos Rodríguz Saa, también respaldaron el proyecto.
Al defender el proyecto del oficialismo, el diputado nacional Jorge Landau (Frente para la Victoria) afirmó que es "la conclusión de una etapa iniciada en 2005 cuando Néstor Kirchner suscribió el Protocolo Constitutivo del Mercosur" y rechazó los cuestionamientos de la oposición en torno a las inmunidades de los parlamentarios.
Landau recordó que la iniciativa establece que "en todo lo que no estuviese previsto en el Protocolo, los parlamentarios del Mercosur, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales y serán aplicables la disposiciones que regulan la condición de aquellos" y aclaró que "no se trata de una innovación", al sostener que esta posibilidad "está prevista desde 2009 en la ley de primarias (PASO)".
Andres Larroque, en tanto, autor junto a Landau de la iniciativa que compendió varios proyectos existentes y sobre la que se basó el dictamen mayoritario, recordó afirmaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo que "hay dos proyectos de país", al sostener que "de la misma manera dos proyectos de región: los proyectos de la patria grande y los de la patria chica, lo cual marca la historia de nuestro continente".

 

Oposición.
Desde la UCR, Jorge D' Agostino rechazó el proyecto del oficialismo para la elección directa de los parlamentarios del Mercosur y defendió el dictamen de minoría presentado por el radicalismo, al sostener que esa bancada cree "en la idea pero no en la forma ni en el contenido" impulsado por el FPV.
Tras adelantar que el Frente Renovador se abstendría a la hora de votar el proyecto del oficialismo, el diputado Adrián Pérez cuestionó que se busque avanzar en la elección popular de los miembros del Parlamento del Mercosur (Parlasur) cuando, aseguró, el organismo está desactivado y pidió "dar una discusión en serio" en torno a la situación de ese bloque regional.
Desde el PRO, Pablo Tonelli dijo que "lo adecuado hubiera sido que el proyecto no precisara fecha para que pudieran ser elegidos en simultaneidad con el resto de los países" y consideró que "es clara y francamente inconstitucional extender privilegios a personas distintas a las que la Constitución les confirió ese beneficio". (Télam)