Fiscal Rachid denuncia omisiones

El fiscal federal Cristian Rachid afirmó ayer que pericias médicas practicadas a cuerpos de militantes asesinados en San Luis fueron luego obviadas por los mismos profesionales, con intención "maliciosa y en procura de impunidad para los grupos de tareas" que actuaron en la represión de la última dictadura.
Rachid señaló graves irregularidades en informes médicos y en sumarios policiales al exponer en una nueva audiencia del segundo juicio de lesa humanidad en San Luis, en el que el Tribunal Oral Federal (TOF) juzga en esta provincia a 29 acusados por crímenes cometidos durante el terrorismo de estado.
Respecto del médico Ernesto Moreno Recalde, acusado en esta causa, el fiscal citó como ejemplo que obvió en su informe de autopsia huellas que presentaba el cuerpo de Raúl Sebastián Cobos, militante peronista asesinado.
Cobos fue herido por represores el 20 de septiembre de 1976 en la capital puntana frente al domicilio del también militante Andrónico Tomás Agüero y trasladado luego al hospital de la ciudad, donde falleció.
Según la fiscalía, su cuerpo presentaba signos de coma cerebral profundo, una traqueotomía, una herida de bala en el pabellón auricular izquierdo sin orificio de salida y lesiones de caída y arrastre, entre otras huellas.

"Perimortem".
De la exhumación y examen de los restos de Cobos, a cargo de tres miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), surge una lesión al momento de la muerte en el hueso frontal y macizo facial derecho, denominada "perimortem" por los peritos y que permite establecer el momento del deceso.
Pero este golpe no aparece en la autopsia realizada en la morgue del Hospital de San Luis por Moreno Recalde, ni tampoco el destino de la masa encefálica de la víctima que él evaluó, entre otras constataciones.
Estos hechos y testimonios de otros médicos, victimas sobrevivientes y familiares, según fuentes próximas a la fiscalía, destruyen la hipótesis policial de la muerte del militante en un "enfrentamiento".
Rachid señaló además que no hay constancia en el expediente del arma que según la versión de la Policía portaba Cobos y que "nada de lo que dice el sumario policial permite saber cómo fue ultimado"

Operación represiva.
El homicidio de Cobos y la detención ilegal de Andrónico Agüero forman parte de la causa que investiga una operación represiva en la que secuestraron también a Pedro Valentín Ledesma, desaparecido, y a Juan Cruz Sarmiento, único sobreviviente.
Por estos hechos, el fiscal imputó como autores mediatos del asesinato e integrantes de una asociación ilícita a Miguel Angel Fernández Gez, en esa época jefe del GADA 141 y de la represiva área 333, y a Raúl Benjamín López, integrante de alta jerarquía en la misma cadena de mandos.
Igual acusación le formuló a Carlos Esteban Pla, quien era subjefe de la Policía de San Luis y uno de los brazos ejecutores del área 333.
Armando Nicolás Martínez, en ese tiempo subteniente del GADA 141, fue procesado como coautor de la desaparición de Ledesma, el asesinato de Cobos y las torturas a Sarmiento, delitos por los que llegó a este juicio imputado como encubridor el policía provincial Enrique Ortuvia Salinas.

Robo de bebés.
El juez federal Sebastián Casanello elevó ayer a juicio oral el tercer proceso por robo de bebés de mujeres secuestradas en Campo de Mayo durante la última dictadura, en el cual volverán al banquillo de acusados los generales Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone y el médico militar Eugenio Martin.
El titular del juzgado federal 7 de la Capital decretó la clausura parcial de la instrucción y ordenó la elevación a juicio de una causa en la que se investigan once casos del plan de apropiación de niños durante la última dictadura militar.
En estos días está en la etapa final de alegatos el segundo juicio, correspondiente a otros ocho casos denunciados por Isabel Chorobik de Mariani, Estela de Carlotto y dirigentes de las Abuelas de Plaza, con los mismos acusados y otros dos médicos.
Riveros, Bignone y Martin, jefe del área clínica del hospital a donde eran llevadas a dar a luz las secuestradas, afrontan cargos por los delitos de sustracción y supresión de la identidad de menores de 10 años, privación ilegal de la libertad de sus madres y torturas agravadas.

Rechazo.
En el marco del auto de elevación a juicio, Casanello rechazó in limine un planteo de prescripción de la acción penal introducidos por la defensa de Riveros por estar en presencia de delitos de lesa humanidad. (Télam)