FpV presentó proyecto

UNA LEY PARA IMPEDIR LA CEOCRACIA

El bloque de diputados del FpV presentó ayer un proyecto de ley que busca evitar el conflicto de intereses en los casos de ejecutivos de empresas nombrados en cargos públicos y crear una comisión bicameral que controle a la Oficina Anticorrupción (OA).
La iniciativa, que fue impulsada por el mendocino Guillermo Carmona, establece que los funcionarios públicos no pueden haber desempeñado tareas en una empresa cuya actividad esté relacionada con las competencias de su cargo, en un lapso menor a tres años anteriores a su designación.
Esta prohibición alcanza a funcionarios “con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario” que haya “desempeñado funciones gerenciales de dirección o gestión” o tenga “participación accionaria en el país o en el extranjero” en una empresa relacionada con el cargo que ocupa en la función pública.
En tanto, el proyecto aclara que para los funcionarios de menor rango, la restricción será de dos años.
También se refiere a una situación inversa, al indicar que “ningún funcionario público podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con el cargo ejercido por el lapso de tres años posteriores al cese de sus funciones”.
Además, la iniciativa señala que la declaración jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios públicos “será mucho más estricta y deberá incluir participación en empresas offshore, en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, y empresas radicadas en el país o el exterior”. (NA)

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