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Gendarmería actuó con Carabineros

CASO MALDONADO: AMBAS FUERZAS COORDINARON TAREAS DE INTELIGENCIA

El Gobierno nacional no solamente espío a la familia de Santiago Maldonado, organismos de Derechos Humanos y personas «vinculadas a la causa mapuche» a través del Centro de Reunión de Información (CRI) de Gendarmería, sino que la inteligencia ilegal incluyó un trabajo conjunto con Carabineros de Chile. El joven anarquista fue considerado «un blanco» por ambas fuerzas, es decir un objetivo como posible miembro de la RAM. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió al comandante mayor Jorge Domínguez, director de Inteligencia Criminal y al comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, ambos de GNA, a Esquel y Temuco -corazón de la Araucanía- para llevar adelante las tareas de espionaje.
Este lunes declararon ante el juez Daniel Rafecas, Matías Aufieri y Alejandrina Barry, ambos del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), en la causa en la que se investiga la información que circuló entre agentes del CRI y Fabián Méndez, por entonces jefe del Escuadrón 35 (El Bolsón), referida al seguimiento de los representantes de la APDH y otros organismos de Derechos Humanos, a la propia familia de Santiago Maldonado y temas vinculados a Jones Huala.

Vínculo.
Los agentes del CRI viajaron a Esquel el mismo 1 de agosto, a las pocas horas de la desaparición de Santiago Maldonado, luego de una represión (ilegal) por parte de la Gendarmería. Méndez recibió varios mensajes de los agentes del CRI, que ahora son materia de investigación. Sin embargo, no fueron los únicos que intervinieron. La ministra Bullrich envió a Esquel y Temuco a Domínguez y Benz para producir información de inteligencia desde el territorio, que intercambiaban constantemente con el jefe de inteligencia de Carabineros, Patricio Marín Lazo.
El vínculo entre la GNA y Carabineros quedó al descubierto y documentado en el marco de una causa judicial que tramita actualmente en Temuco (Chile) donde se investiga el rol de varios Carabineros en el montaje de pruebas contra comuneros mapuches en lo que se conoció como «Operación Huracán». Los mensajes de chat entre las áreas de inteligencia de GNA y Carabineros ocupan miles de páginas, sumado a todos los documentos que fueron enviándose entre ellos. Pero lo más significativo y grave que surge de ese intercambio es la coordinación entre ambas fuerzas para obtener información sensible y posiblemente ilegal solicitada directamente por Bullrich.
El Gobierno nacional nunca investigó a la Gendarmería por la represión (ilegal) que terminó en la desaparición y muerte de Maldonado. Pero sí montó un esquema de espionaje desde la misma fuerza investigada -por fuera de todo control judicial- para vincularlo con la RAM.

Las pruebas.
El 12 de agosto de 2017, Domínguez le informó al jefe de la inteligencia de Carabineros, Marín Lazo, que había llegado a Esquel «por el tema de la desaparición». Ese mismo día, le envió por WhatsApp los datos del testigo Nicasio Luna Arratia y la página de Facebook de Germán Maldonado. Al día siguiente, Carabineros preparó un informe secreto con datos sensibles sobre Santiago y Germán. «Esa georreferencia dio teléfono chileno en Argentina», le avisaba Marín Lazo a Domínguez.
En el material del 13 de agosto, Carabineros incluyó una imagen satelital de la Pu Lof con la georreferencia de dicho teléfono con los datos aportados u obtenidos, supuestamente, de la empresa WOM. Por entonces, Bullrich insistía que no tenían pruebas suficientes para confirmar la presencia de Santiago dentro del territorio. Pero la ministra mintió: para el 4 de agosto ya había sido incorporada dentro del expediente la última foto con vida de Maldonado, tomada por la GNA a las 11.32 del 1 de agosto; y para el 13 del mismo mes, Carabineros confirmaba que su celular había sido captado dentro del territorio mapuche.
«Se puede observar el vínculo estrecho entre la Gendarmería y Carabineros en la producción de inteligencia que está prohibida por nuestra ley. Esto da la pauta de cuál es el contenido que le otorga ‘legitimidad’ al Gobierno nacional para expandir su inteligencia a organizaciones sociales o comunidades mapuche. Es una práctica que desencadena en una violación de derechos de las comunidades que son consideradas subversivas», concluyó Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. (Página12.com)