Domingo 24 de marzo 2024

Gils Carbó rechazó acusaciones

Redacción 23/04/2017 - 01.10.hs

Con un extenso informe, la procuradora Alejandra Gils Carbó rechazó el viernes la denuncia en su contra por presuntas irregularidades en la compra del edificio de Perón 667, sede central del Ministerio Público Fiscal. La jefa de los fiscales envió un escrito de más de mil fojas a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside la diputada Graciela Camaño, en el que detalla todas las actuaciones realizadas en el proceso licitatorio, los órganos de control internos y externos intervinientes y el pago de un valor inferior al precio de mercado. Además, remarca que no se pagaron comisiones inmobiliarias de ningún tipo. Esta semana los legisladores de Cambiemos solicitaron que se la cite para dar explicaciones. Gils Carbó anticipó que asistirá cuando se concrete la citación.
La causa que el juez Julián Ercolini delegó en el fiscal Eduardo Taiano investiga una comisión de 7,7 millones de pesos que Afinsa SA le pagó en 2013 a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA por la venta del edificio en 43.850.000 pesos.
Dos días antes de que se formalizara la licitación la inmobiliaria habría contratado al productor de seguros, Juan Carlos Thill, quien finalmente le facturó tres millones de pesos (casi la mitad de la comisión) por "asesoramiento y todas las gestiones encomendadas" para ofrecer el edificio del Grupo Bemberg. Thill sería medio hermano de Guillermo Bellingi, el funcionario que intervino en el proceso desde la Secretaría General de Administración de la Procuración.
En su informe al Congreso, Gils Carbó relató que inmediatamente inició actuaciones administrativas para "esclarecer cualquier irregularidad". Cuando se publicó la información sobre Thill y Bellingi, la Dirección Disciplinaria se pronunció sobre su "verosimilitud", confirmó que el funcionario participó del proceso y que era "altamente probable" el vínculo familiar. Entonces dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario, que encomendó al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. (NA)

 

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