Gils Carbó se tomó licencia

LA PROCURACION QUEDO A CARGO DE EDUARDO CASAL

El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, quedó ayer interinamente a cargo del Ministerio Público Fiscal, luego de que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, comenzara una licencia que se extenderá hasta el 10 de diciembre.
Ante esa situación y teniendo en cuenta que a partir del próximo 31 de diciembre se hará efectiva la renuncia de la procuradora, Casal decidió realizar cambios en la estructura del organismo, a fin de “garantizar su buen funcionamiento”, indicó.
Según señaló el procurador interino, “dado el exiguo lapso que media entre la finalización de la licencia” de Gils Carbó y “la fecha en que operará la renuncia”, resulta “conveniente, a fin de asegurar el buen funcionamiento de la institución, introducir desde ahora los cambios de estructura que faciliten su conducción en la inminente etapa transitoria”.
En ese sentido, el procurador general interino designó a los secretarios letrados Juan Pablo Ugarte, Juan Manuel Olima Espel y Juan Manuel Casanovas a cargo de tres áreas que concentrarán, cada una, las diferentes dependencias del organismo.
Ugarte será el titular de la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos; Olima Espel será el secretario de Coordinación Institucional; y Casanovas, de la secretaría Disciplinaria y Técnica, se informó oficialmente.
El procurador general interino facultó además a cada uno de los secretarios “para proponer las reorganizaciones internas que estimen convenientes en el ámbito de las áreas a su cargo”.

Renuncia.
Gils Carbó presentó su renuncia el pasado 30 de octubre, para hacerse efectiva el 31 de diciembre, aunque ahora se tomó licencia por enfermedad y Casal quedó al frente del organismo y conducirá la transición.
La procuradora tomó la decisión de dejar el cargo que ocupa desde 2012 luego de dos años de enfrentamiento con el Gobierno de Mauricio Macri y tras haber sido procesada por la supuesta compra irregular del edificio en el que funciona el Ministerio Público Fiscal, por la que se pagaron comisiones millonarias al hermano del subdirector general del organismo.
La jefa de los fiscales señaló que renunciaba “con la esperanza” de que no se llevaran a cabo “reformas” que “rompieran el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de Justicia”.
Sin embargo, con el apoyo de sectores del peronismo, el oficialismo presentó un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que le pone un plazo al mandato del procurador general (actualmente vitalicio) y determina que su remoción podía llevarla a cabo el Poder Ejecutivo o la Cámara de Diputados con el acuerdo del Senado, que podía aprobarla con una mayoría absoluta y ya no con el sistema del juicio político.
Sin embargo, luego de haber recibido numerosas críticas de especialistas durante su tratamiento en la Comisión de Justicia, el proyecto quedó estancado en la Cámara alta y con casi nulas posibilidades de ser aprobado antes del 31 de diciembre, por lo que, en principio, Casal continuaría en el cargo hasta que el Ejecutivo decida enviar a su candidato para reemplazar a Gils Carbó y logre reunir los dos tercios del Senado para aprobarlo, de acuerdo a la ley vigente. (NA)