Gobierno debe explicar decreto

TRASPASO DE LAS BASES DE DATOS DE ANSES

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento le dio al Gobierno tres días de plazo para que explique las razones del decreto que dispone el uso de la base de datos de la Anses para políticas de comunicación oficiales.
Lo hizo tras declararse competente para entender en una acción de amparo presentada por un particular contra la decisión del gobierno de traspasar la base de datos de la Anses, donde constan los registros privados de todos los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.
“Atento la medida cautelar solicitada ofíciese al Poder Ejecutivo Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que -dentro del plazo de tres días- produzca el informe” contemplado en la ley de Amparo, indicó la magistrada.
Esa ley prevé que “solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé
cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.
“Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes”, agrega la norma.
El amparo fue promovido por la abogada Valeria Laura Carreras e incluye un pedido de medida cautelar para suspender el traspaso de las bases de datos.
La abogada advirtió que habían comenzado a llegar mails con propaganda política a ciudadanos.

Datos.
El 25 de julio, el Gobierno anunció a través de la resolución número 166-E/2016, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y publicada en el Boletín Oficial, que la Jefatura de Gabinete
podrá utilizar los datos personales de los ciudadanos registrados en las bases de Anses para aplicarlos a estrategias de comunicación.
De acuerdo al convenio, que tiene una duración de 2 años, la Anses remitirá periódicamente su base de datos relacionada con “Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios” de los ciudadanos para “contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública”.
La oposición cuestionó la medida al advertir que se trataba de una intromisión en la vida personal de los ciudadanos para hacer “propaganda” política y un “avance contra las libertades
democráticas”, al tiempo que atribuyó esa iniciativa a una “inteligencia oscura”. (DyN)

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