¿Golpe judicial?: un fiscal imputa a la presidenta por la Amia

El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió ayer dar curso a la investigación de los hechos denunciados por Alberto Nisman, quien acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de haber planeado y llevado a cabo el atentado de 1994 contra la AMIA.
En un requerimiento de 62 carillas dirigido al juez de la causa, Daniel Rafecas, el fiscal dio por buenos todos y cada uno de los componentes de la controvertida denuncia que Nisman presentó el 14 de enero, en la que denunciaba un "plan criminal" ideado por el gobierno para dar impunidad a los iraníes.
En sintonía total con aquella presentación de Nisman, Pollicita requirió ahora que también se investigue al canciller Héctor Timerman, por la hipotética puesta en marcha de un "plan delictivo" supuestamente consumado con la rúbrica del acuerdo del 2013, luego ratificado por el Congreso.
En su requerimiento, el fiscal solicitó diversas medidas de prueba que no fueron divulgadas pero, a diferencia de Nisman, no pidió que se indague a la Presidente ni al canciller.
La investigación impulsada por Pollicita no contempla ninguna de las pruebas aparecidas tras la denuncia original de Nisman, en especial aquellas que desmentirían la hipótesis central del acuerdo denunciado por el fiscal de la causa AMIA: el supuesto pedido argentino de dar de baja las "alertas rojas" que permitirían la detención de los cinco iraníes acusados apenas salgan de su país.

 

Ronald Noble.
Tras aquella denuncia de Nisman, el ex jefe de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, rechazó en dos oportunidades esa suposición y declaró que el fiscal "miente" al denunciar un supuesto pedido del canciller Timerman, ya que, además de no haber existido, quien debía hacer el pedido era el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que lo había formalizado.
El propio Canicoba Corral reiteró ayer, luego de conocerse el accionar asumido por el fiscal a cargo de impulsar la denuncia de Nisman, que "nadie del Poder Ejecutivo" le "pidió el levantamiento de las alertas rojas".

 

"Diplomacia paralela".
En su escrito, Pollicita dio crédito a todas las afirmaciones de Nisman sobre la existencia de una "diplomacia paralela" organizada desde el propio gobierno que habría sido detectada en unas 5.000 horas de escuchas telefónicas sobre el referente de la comunidad chiita porteña, Jorge Alejandro"Yussuf" Khalil, denunciado como supuesto contacto del gobierno iraní.
Los restantes imputados por Pollicita son los mismos que había pedido Nisman, y corresponden a los que aparecen, aunque sea mencionados, en esas comunicaciones: el diputado Andrés Larroque; el ex fiscal federal Héctor Yrimia, los dirigentes sociales Luis D`Elía y Fernando Esteche, y el falso espía Ramón "Allan" Héctor Bogado.

 

Medidas de prueba.
Entre las medidas de prueba pedidas por Pollicita que no se conocieron figuraría, en primer término, la desgrabación de esas miles de horas contenidas en unos 900 CD y que fueron entregados por Nisman al juez Ariel Lijo, quien se declaró incompetente aduciendo que la causa de encubrimiento que tramita su juzgado refiere al periodo 1994-2004, cuando el juicio por el atentado se declaró nulo.

 

Rafecas.
Esas tareas de desgrabar y ordenar cientos de registros demandaría varios meses, acaso hasta luego de las elecciones de octubre, y será el primer problema que deba ahora resolver el juez Rafecas, apenas se reinstale el miércoles próximo en su despacho.
Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, resolvió cancelar su licencia que le había sido concedida hasta el 22 de febrero próximo y reasumir este miércoles sus funciones luego de que el fiscal Pollicita le devolviera el expediente que se iniciara por la denuncia de Nisman.

 

Procuración del Tesoro.
Ayer por la mañana, antes de que el fiscal difundiera su dictamen pero cuando ya todos los canales informativos comenzaban a anunciarlo, la Procuración del Tesoro de la Nación que asume la representación del Estado nacional en los litigios, hizo una presentación ante el juzgado de Rafecas.
En el escrito de 68 páginas se destacó que "no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario'" que demuestren la existencia de conductas de la Presidenta u otros miembros del gobierno "susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales" previstos por el Código Penal.
La presentación aportó una decena de documentos oficiales como elementos de prueba, entre ellos para los documentos técnicos del Ministerio de Economía desechando que el acuerdo con Irán se basara en supuesto trato de "granos por petróleo", así como las comunicaciones de Noble refutando la aseveración inicial de Nisman. (Télam)

 

El equipo de fiscales
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dio a conocer ayer el nombre del coordinador y de los tres fiscales que integrarán el equipo que reemplazará a Alberto Nisman al frente de la unidad fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA, y dejó en claro que "nunca se pensó en remover de su cargo" al fallecido fiscal.
El equipo de fiscales estará integrado por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini y el coordinador será Juan Murray, según anunció la Procuradora durante la presentación que realizó ayer en la sede del Ministerio Público Fiscal ubicado en Avenida de Mayo 760, de la Capital Federal.
"Tenemos el deber de garantizar la continuidad" del trabajo de la unidad especial para la causa AMIA, sostuvo Gils Carbó al realizar el anuncio y agregó: "Vamos a fortalecer la unidad Amia".
La funcionaria explicó que para la elección de los fiscales fueron elegidos representantes del ministerio Público con vasta trayectoria que podrán tener "una función exclusiva" para esta causa.
Los fiscales federales Namer, Salum y Sabadini y el coordinador Murray componen un equipo que reúne a expertos en derecho penal y procesal penal, que en algunos casos estuvieron al frente de investigaciones por causas de lesa humanidad y narcotráfico.
"Estoy convencida que el nuevo equipo de fiscales va a trabajar con seriedad, objetividad, transparencia y compromiso", aseguró la procuradora sobre los designados para integrar la unidad fiscal especial creada en el 2004 para investigar el atentado contra la mutual judía AMIA. (Télam)

 

Capitanich remarcó que la denuncia de Nisman "no tiene validez"
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió ayer sobre la presencia de "una estrategia activa de desestabilización", de "golpismo judicial activo", que -sostuvo- "no persigue una finalidad judicial sino la finalidad política de generar impacto político" y "estrépito social".
"Observamos la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo", remarcó el jefe de ministros, quien insistió con que la denuncia planteada en enero pasado por el fallecido fiscal Alberto Nisman "no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad", con lo cual "lo que se quiere generar es estrépito social".
"Se pretende asociar a este Gobierno con un hecho acaecido trágicamente, y que tuvo 85 víctimas el 18 de junio del año 1994. Ese hecho enlutó al pueblo argentino. Y en ese contexto se ha visualizado los fracasos sistemáticos y reiterados se deben precisamente a la Justicia", criticó.
En ese marco, Capitanich denunció: "Lo que nosotros observamos es una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo, que lo he transmitido varias veces y lo ratifico y lo repito".
"Y en ese sentido lo que nosotros observamos es lo siguiente: ¿por qué es golpismo judicial activo? Porque la denuncia que se realiza no persigue una finalidad de carácter judicial, persigue una finalidad de carácter político. ¿Por qué ? Para generar impacto político. Porque esa denuncia no tiene ningún tipo de validez jurídica", remarcó.
Asimismo advirtió: "Es necesario que el pueblo argentino sepa que todo se trata de una vulgar mentira, de una enrome operación de prensa, de una estrategia de desestabilización política y en el marco de la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina para profundizar justamente el encubrimiento respecto a los verdaderos autores del hecho, de aquella tragedia".

 

Marcha.
El jefe de Gabinete dijo ayer que "es necesario en homenaje a la democracia respetar las movilizaciones populares y la libertad de expresión", pero consideró que "no hay que mezclar la Biblia con el calefón", tras advertir que en la convocatoria del próximo miércoles a una marcha en homenaje al fallecido fiscal "personas que justifican el robo de bebés durante la dictadura o son abogados de reconocidos narcotraficantes".
"Es preocupante cuando en una marcha los que convocan son los que justifican el robo de bebés durante la dictadura, o son abogados de reconocidos narcotraficantes, o cuando existe asociación entre servicios de inteligencia desplazados con fiscales y jueces que tenían una rutina de encuentros cuando eso no tendría que haber ocurrido", manifestó el funcionario. (Télam)

 

"Ningún valor jurídico"
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijo ayer que "la imputación no tiene ningún valor jurídico", en referencia a la imputación de la Presidenta por parte del fiscal Gerardo Pollicita.
"Es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática", agregó Fernández, al vincular la difusión de la medida con la marcha prevista por un grupo de fiscales para el miércoles próximo, teniendo en cuenta que "el fiscal podría haber esperado la llegada del juez, prevista para el 20".
Asimismo, lamentó la "fabulosa y deleznable utilización" de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA en la audiencia celebrada el jueves en el Congreso por la oposición, donde expuso la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman.
"Estaba en un lugar donde estaban politizando la causa, donde habían agarrado al fiscal casi como un souvenir", lamentó Fernández en referencia a la ponencia de la magistrada.

 

Di Tullio.
La presidenta del Bloque de Diputados del Frente Para la Victoria (FPV), Juliana Di Tullio, consideró ayer que el avance de la causa que impulsaba el fiscal Alberto Nisman "es un golpe de estado en proceso desde un sector del Poder Judicial".
Asimismo, Di Tullio afirmó que "se les fue la mano, se les nota mucho y la gente se da cuenta" y agregó que "en un solo día le dan curso a una denuncia sin fundamentos, que debería haber sido desestimada, contra la Presidenta de la República".
"Y pocas horas después otro fiscal hace una imputación descabellada contra el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Salud y la ministra de Desarrollo Social", precisó.
Además, Di Tullio indicó que "también hoy (ayer) un periodista de la corporación mediática amenazó al hijo de la Presidenta".
"Estos intentos desestabilizadores no lo sufre nuestro Gobierno nada más, lo padece todo el pueblo argentino", añadió la diputada oficialista. (Télam)

 

Oposición pide "independencia"
Dirigentes de la oposición alertaron ayer sobre la "gravedad institucional" que implica la imputación a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamaron al Gobierno que garantice que la Justicia trabaje con "independencia" en las investigaciones por la denuncia de Alberto Nisman y la muerte del fiscal.
La diputada del frente UNEN Margarita Stolbizer afirmó que "la denuncia de Nisman es de una enorme gravedad", por lo que pidió que el Poder Ejecutivo "deje de interferir para frenar la acción de jueces y fiscales".
"La Justicia debe demostrar que no hay amedrentamiento frente a presiones y amenazas, y que el peligro no es investigar sino al contrario porque lo peor para la Argentina es la impunidad", insistió la legisladora.
En tanto, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, planteó: "Queremos justicia y saber lo que pasó y que no sea un hecho más de impunidad".
La senadora y precandidata a jefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti, consideró que la Presidenta "debe dar sus explicaciones y ejercer se derecho a la defensa porque no debemos aceptar ni el encubrimiento ni la impunidad".

 

Cobos.
El diputado del frente UNEN Julio Cobos exigió al Gobierno que "sea prudente en sus declaraciones y dimensione lo que estamos viviendo", al considerar que "la justicia debe trabajar en forma tranquila por lo que corresponde que el fiscal designado continúe llevando adelante la investigación y resuelva lo que su criterio indique".
"Queremos funcionamiento pleno de las instituciones y esto es justicia independiente y garantías de defensa para las personas que afectadas por la denuncia. Se requiere en este momento, sentido común, prudencia y responsabilidad", insistió.

 

Sanz.
El presidente de la UCR y senador, Ernesto Sanz, advirtió "que un Jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave" y consideró que "se requiere mucha responsabilidad, serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso porque cada día que pase con la Presidenta sometida a esta acusación es un día más de deterioro institucional y de virulencia política".
Y agregó: "Exigimos a la Presidenta y al Gobierno que respeten a la Justicia, renuncien a generar más divisiones, se defiendan ante los tribunales como es su derecho y no olviden que mientras tanto deben seguir gobernando el país".
El diputado del Frente Renovador Alberto Asseff expresó que "la imputación a la Presidenta por encubrimiento que formuló el fiscal Gerardo Pollicita adquiere una dimensión institucional grave", y pidió que la investigación "se profundice y tengamos las respuestas que necesitamos".
En tanto, el dirigente de Unión Popular Claudio Lozano sostuvo que la Presidenta "debe responder a la imputación abriendo los archivos secretos de Cancillería e Inteligencia sobre nuestras relaciones con Irán".

 

Jorge Altamira.
El precandidato presidencial por el Frente de Izquierda Jorge Altamira sostuvo: "Ahora más que nunca, deben abrirse los archivos de la SIDE y el gobierno debe ser interpelado en sesión pública en el Congreso Nacional".

 

Sergio Burstein.
El dirigente de la agrupación que nuclea a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, remarcó ayer que el equipo de fiscales que reemplazará al fallecido Alberto Nisman "ya es una realidad" y aseguró que "quienes se van a oponer son el caranchismo político y mediático".
Burstein hizo esas declaraciones luego de presenciar el anuncio realizado por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. (NA)

 

Nueva inspección ocular en la torre Le Parc
Daniel Salcedo y Osvaldo Raffo, peritos designados por la querella en la causa que investiga la muerte de Nisman, recorrieron ayer el departamento en el que apareció muerto el fiscal y aseguraron que encontraron "algunas evidencias físicas que no habían sido tenidas en cuenta", aunque prefirieron no "divulgar" cuáles fueron.
Salcedo y Raffo son los peritos de la querella compuesta por la madre Nisman, Sara Garfunkel, y por la ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, en representación de las hijas que tuvo con el fiscal, Iara y Kala, ambas menores de edad.
En diálogo con la prensa, desde el portón de ingreso a la torre Le Parc donde realizaron la inspección, Salcedo explicó que solicitarán nuevas medidas de prueba a la Fiscalía, a cargo de Viviana Fein, y relató que recorrieron "el terreno, el lugar del hecho y sacaron nuevas pruebas fotográficas".
"Trabajamos con distintos reactivos, luces forenses, luminol -que busca rastros de sangre- y se tomaron fotografías y realizaron filmaciones", resaltó Salcedo.
Asimismo resumió que lo que hicieron fue "solicitar nuevas medidas de prueba para sumar a la investigación, en este caso evidencias físicas" y enseguida advirtió que no van "a dar entrevistas", salvo cuando tengan "información (científica) correcta y certificada".
En el mismo sentido, Raffo señaló que durante esta inspección "se trajeron nuevos aparatos especiales" y coincidiendo con su colega indicó que prefería no hacer más declaraciones a la prensa sobre su trabajo.
De la inspección también participaron peritos de la Policía Federal, Fein, Arroyo Salgado y Garfunkel. Todos llegaron alrededor de las 11 de la mañana para participar de esta inspección. (Télam)