Guerra entre empresas por cobro del gas

ENARGAS PRESIONA A LAS DISTRIBUIDORAS

El Gobierno sumó un nuevo frente de tormenta en lo que a materia energética se refiere. En esta oportunidad, las distribuidoras de gas presentaron una carta ante el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) para que revea su intención de acortar los plazos de pagos correspondientes a las productoras de gas por considerar que podría afectar la rentabilidad de las empresas.
En concreto, la Secretaría de Energía busca que las distribuidoras paguen por el gas a las productoras a los 30 días de la entrega y no a los 75 días, tal como se cancela en la actualidad.
En una carta dirigida al ente regulador, Adigas, la cámara que agrupa a las distribuidoras advirtió sobre la “afectación sustancial de la situación económica” de sus empresas en caso que avance la medida que impulsa el Gobierno.
a guerra fría entre el Gobierno y las distribuidoras de gas se remonta al 9 de enero pasado cuando la Secretaría de energía lanzó una audiencia pública para poner en consideración los cambios en las modalidades de pago por la provisión de gas.
Por lo pronto, las distribuidoras indicaron a través de la nota que lleva la firma de María Carmen Tettamanti, presidente de Adigas, que la iniciativa “no tiene justificación” que permitan a las empresas “asumir ésta obligación”.
De esta manera, Metrogas, empresa controlada por YPF y comandada por Marcelo Adrián Núñez, la española Naturgy (ex GasBAN) de Francisco Reynés, Camuzzi de Alejandro Macfarlane y EcoGas, compañía que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja, entre otras, pusieron el grito en el cielo.
Las empresas indicaron que el pago del gas recibido de las productoras depende del cobro de las tarifas mensuales a los usuarios, quienes pagan a 60 días sus correspondientes facturas que antes eran mensuales y ahora, bimensuales.
En ese contexto, las distribuidoras exigen al Gobierno reconsiderar las modificaciones en el plazo de pago a los productores de gas. Las empresas aducen que para afrontar las obligaciones de pago que propone la Secretaría de Energía “será necesario contar con un volumen adicional de capital de trabajo” que implicaría un costo financiero que “no ha sido contemplado en la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Aranguren.
Por otro lado, el exministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que “reclamar aumento de tarifas en función de los ajustes salariales es “hipócrita”, y aseguró que durante el kirchnerismo hubo “mucha mayor insensibilidad” que ahora frente a la cuestión energética.
“Hablamos ahora de que las tarifas tienen que ajustarse al índice de actualización de salarios. Del 2003 a 2015 las tarifas de Edenor y Edesur, en Capital y Gran Buenos Aires -donde aumentaron menos- subieron 200 pro ciento. El tipo de cambio aumentó un 1200 por ciento, la inflación, mal medida por un Indec que mentía, aumentó un 1500 por ciento y los salarios, 1800 por ciento. O sea, 1800 contra 200. ¿Y ahora le piden al Gobierno que se ajuste en función del incremento salarial? Me parece hipócrita”, se quejó el exfuncionario. (Ambito-NA)