Hijos formalizará denuncia

La agrupación Hijos, de Córdoba, pedirá hoy al Ministerio Público Fiscal que investigue a más de 200 funcionarios del ex Destacamento de Inteligencia 141, que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, por su actuación durante la última dictadura militar.
La presentación será concretada, a las 10, en la sede de los Tribunales Federales de la capital cordobesa, con el fin de que se promueva acción penal “contra más de 200 funcionarios de la última dictadura cívico-militar que aún permanecen impunes”.
De acuerdo con lo informado por la organización, la denuncia tendrá como base un “equipo de la sección Legales, Investigación y Comunicación (de Hijos), en el marco de las averiguaciones realizadas para llevar adelante procesos contra quienes participaron en delitos de lesa humanidad”.
La denuncia, según la agrupación, comprenderá a funcionarios que se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 141, una de las “principales estructuras responsables de perseguir, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a miles de militantes políticos y activistas sociales en Córdoba”.

Detenciones.
La presentación se suma a la formalizada semanas atrás por abogados de Hijos contra quienes “integraron la llamada Comunidad Informativa, una estructura de coordinación entre los distintos organismos de inteligencia que actuaron en Córdoba”.
La nueva denuncia coincide con el hecho de que, durante la semana pasada, un juez federal ordenó la detención de cinco ex magistrados y funcionarios de la Justicia Federal por su actuación durante la dictadura militar.
Por orden de Daniel Herrera Piedrabuena, a cargo en el carácter de subrogante del Juzgado Federal Nº 2, se ordenó la prisión preventiva de Miguel Angel Puga (ex juez federal), Antonio Cornejo (ex fiscal federal); Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro (ex defensores oficiales), y de Carlos Otero Alvarez (ex secretario del Juzgado Federal Nº 1).
En el caso de Otero Alvarez, se jubiló en 2009 como vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, mientras que Haro se retiró como camarista federal, y en 2002, por decreto del ex presidente Eduardo Duhalde, había sido designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cómplices.
En la causa, Piedrabuena investiga más de un centenar de hechos vinculados a complicidad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes públicos contra detenidos ilegales de la dictadura que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba.

Querellante.
Luis Baronetto, querellante en la causa en la que fueron detenidos cinco ex magistrados y funcionarios por su actuación durante la dictadura militar, destacó ayer la importancia de las investigaciones sobre la complicidad de la Justicia Federal con la represión y el juzgamiento de los responsables.
“Es importante que se haya avanzado en un tema en el cual la Justicia Federal parecía no querer meterse demasiado. Costó mucho tiempo instalar la idea de que la complicidad era parte necesaria del terrorismo de Estado”, aseguró a la prensa Luis Baronetto.
Baronetto, que años atrás se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la capital cordobesa, insistió en el mismo tema: “Hasta ahora parecía que los únicos autores eran los militares y policías, ejecutores del terrorismo de Estado”. (Télam)