Impuesto a quien contrate trabajadores no puntanos

La Legislatura de San Luis convirtió en ley un polémico proyecto oficial por el cual los empleadores que contraten personas que no sean puntanas o tengan menos de cinco años de residencia en la provincia paguen un impuesto del 10 por ciento sobre el salario otorgado al trabajador.
La iniciativa, presentada por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, fue sancionada la pasada medianoche por el Senado provincial y horas antes había contado con la aprobación de Diputados.
El proyecto generó una fuerte reacción de sectores opositores, por considerarlo “discriminatorio entre argentinos que son iguales ante la Constitución”, ya que pena a los empleadores que den trabajo a personas que no son de San Luis.

Registro.
La norma crea el Registro del Empleo Puntano, encargado del control de la norma.
La nueva ley establece en su artículo 5 que “todo empleador deberá abonar al Registro una tasa mensual equivalente al 10 por ciento de la remuneración bruta mensual, por cada empleado en relación de dependencia” que esté comprendido en la norma.
En el siguiente artículo establece que no deberán abonar el impuesto por el “personal nacido en la provincia o que tenga como mínimo cinco años de residencia” en San Luis.
Tampoco estarán comprendidos los empleados “con especialidades de comprobada escasez en la provincia”, los trabajadores que ya tengan un empleo en blanco al momento de entrar en vigencia la ley, el “personal egresado de escuelas técnicas, institutos de formación superior, universidades provinciales y universidades nacionales radicadas en el territorio de la Provincia”.
La senadora provincial oficialista Mabel Leyes, encargada de presentar la iniciativa del gobierno, calificó de “preocupante” que los legisladores de Cambiemos “no entiendan el concepto de puntanidad”.
“Ellos anteponen la bandería política al bien común, defendiendo lo indefendible cuando se refieren al gobierno nacional. Se olvidan que tienen una banca votados por aquellos puntanos nacidos y los que eligieron vivir en nuestra provincia”, se quejó.
Por su parte, el diputado radical Alejandro Cacace denunció al gobernador ante el INADI por considerar “discriminatorio y xenófobo” el proyecto que luego se transformó en ley.
“Esto es discriminación y un incumplimiento a la Constitución Nacional, no podemos avalar una ley que elimine derechos consagrados para todos los argentinos por igual”, sostuvo Cacace. (DyN)

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