Imputan a seis personas por matanza de perros

Seis personas, cinco de ellas empleados municipales, fueron imputadas ayer y serán investigadas por la Justicia cordobesa por el envenamiento de más de 200 perros y otros animales en la ciudad de Deán Funes, a 120 kilómetros de la capital provincial.
Aunque no dispuso prisión preventiva, el fiscal de Instrucción Eduardo Gómez informó ayer a la prensa local que imputó a los investigados por “daño reiterado y violación a la denominada Ley Sarmiento -14.346, de Protección Animal-, en concurso real”, por su presunta participación en los hechos.
Gómez aún no fijó fecha para citar a los imputados a que presten declaración pero dijo que mientras tanto “se están tomando testimoniales a todos los damnificados”, en general dueños de las mascotas envenenadas.
“Afortunadamente no se registra perjuicio en la salud de ninguna persona”, especialmente niños, pues los cebos que mataron a los animales, indicó, “no han sido arrojados en los establecimientos escolares”.

Hipótesis.
Una de las hipótesis de la investigación es que los responsables del envenenamiento habrían aprovechado para actuar la distracción que generó el sábado pasado la transmisión televisiva de la pelea de Sergio “Maravilla” Martínez, por la defensa de su título mundial de boxeo.
Cinco de los seis imputados, cuyas identidades no precisaron, se desempeñan como inspectores municipales, razón por la cual “son lo encargados de controlar todo lo que sucede en la ciudad, si hay perros rabiosos, por ejemplo”, apuntó el fiscal.
Los envenenadores, dijo, “habrían actuado de manera organizada”, pero aún se desconoce “cuál fue el móvil, por qué lo hicieron, si alguien los indujo, si fueron instigados”, lo cual “todavía hay que investigar”.

Penas.
El hecho de que no haya dispuesto la privación cautelar de la libertad de los imputados se debe, entre otras razones, a que “las penas previstas no superan los dos años de prisión”, aunque eso puede “complicarse por la reiteración de los hechos”, según Gómez.
El artículo 3, inciso 7, de la Ley 14.346, que data de 1954, considera como actos crueles el “lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por el sólo espíritu de perversidad”.
La norma, en su artículo 1, establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Allanamientos.
El comisario Eusebio Villalba, de la Departamental Ischilín de la Policía cordobesa y a cargo de la investigación, aseveró ayer a Télam que, para las imputaciones dispuestas, fueron fundamentales los cuatro allanamientos realizados y “el material secuestrado” en esas diligencias.
Procedimientos concretados en tres viviendas permitieron hallar guantes y frascos que contenían insecticidas de diferentes marcas, pero químicamente vinculados con los hechos investigados como el Metomil, de la familia de los carbamatos, explicó el jefe policial.
También secuestraron un automóvil Renault 6 “con el que se habrían desplazado” los envenenadores, aunque “esto aún está sujeto a investigación” y debe ser cotejado “con otros elementos”, dijo Villalba y agregó que tomaron muestras de “insecticidas nocivos, como Ciper y Zetametrina”, indicó Villalba.
Las requisas, dijo, se efectuaron “en las viviendas particulares de un ex empleado y dos empleados del municipio”, que el martes pasado estuvieron demorados “hasta que fueron llevados a la Departamental de Policía”, donde luego los liberaron.

Emergencia sanitaria.
Las autoridades municipales ampliaron en la noche del miércoles la “emergencia sanitaria y ambiental”, en principio durante 48 horas más, lo que implica que hasta el lunes seguirán suspendidas las actividades educativas, públicas y privadas.
La medida incluye todo tipo de actividades públicas programadas, sean culturales, deportivas o recreativas, y tampoco podrán funcionar las confiterías y locales bailables.
La muerte de los perros fue causada por el uso de insecticidas de uso agropecuario, de la familia de los carbamatos, según determinó el Laboratorio de Toxicología del Ministerio de Salud de Córdoba. (Télam)