Imputarán a otras 10 personas

ABUSOS SEXUALES EN EL INSTITUTO PROVOLO DE MENDOZA

La fiscalía imputará en las próximas horas a diez personas que son ex trabajadores del plantel no religioso de la sede mendocina del instituto Antonio Próvolo, sospechadas de haber sido cómplices de los reiterados abusos sexuales a niños hipoacúsicos por parte de dos sacerdotes, una monja y dos empleados de maestranza.
Tras la detención de Graciela Pascual, la apoderada legal del colegio católico para niños sordomudos, la fiscalía abrió ahora nucas causas penales contra una decena de ex trabajadores del plantel no religioso.
Entre los nuevos sospechosos se encuentran psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes y personal responsable de tareas no calificadas.
Todos serán citados en las próximas horas a la fiscalía de Luján-Maipú, donde se les notificará que están imputados, y se les precisará por cuál o cuáles delitos y en base a qué hechos.
Luego dependerá del fiscal Gustavo Stroppiana, que está a cargo de la investigación si quedan presos o continúan en libertad.
La novedad dejó en claro que el encarcelamiento de Graciela Pascual, concretado el jueves último, es sólo el principio de una serie de acusaciones que van más allá de la actuación del personal religioso y de jardinería que permanecen tras las rejas cuando apenas estalló el escándalo.
Según informó la prensa local, la fiscalía ya formalizó el aboque, que es el paso judicial previo que anticipa la inevitable imputación, contra las 10 personas que están sospechadas de haber tenido conocimiento o de recibir denuncias sobre los abusos sexuales y no haber cumplido con la obligación legal de denunciarlo o, peor aún, de haber hecho cosas para ocultarlo.

Investigación.
La investigación contra esta nueva tanda de acusados ya había sido solicitada por los abogados querellantes de la ONG Xumek, que patrocina en la causa a un grupo de víctimas de los abusos.
En diálogo con el Diario UNO, el letrado Sergio Salinas detalló durante la tarde de ayer: “Nosotros le habíamos ofrecido al fiscal elementos de prueba suficiente para que muchas más personas del establecimiento sean responsables por no haber hecho nada. Técnicamente hablando, por delitos de omisión”.
“Para nosotros la principal responsable del personal no religioso era Graciela Pascual, la apoderada legal, que ya está detenida; pero detrás de ella hay mucha más gente que denunciamos y que suponemos que si la fiscalía ordenó la detención de Pascual, también investigará al resto porque si no se rompería una lógica de la investigación”, señaló.
El penalista fue más allá y recalcó: “Hay pruebas claras, escritas, en las que figura que Pascual participó en connivencia o con una trabajadora social o con una psicóloga o con otro profesional, así en diferentes casos”.

Una pieza clave.
La apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, que fue detenida el jueves último por la fiscalía y enviada de inmediato a la cárcel, tenía, según se sospecha en la investigación, funciones cruciales en el colegio y trato directo con el padre Nicola Corradi, el principal imputado por los abusos sexuales.
Un acontecimiento que reveló la cercanía de Pascual con el sacerdote italiano fue cuando la mujer ofreció su casa para que el padre Corradi cumpliera la prisión domiciliaria, y otro elemento que la puso en la mira fue su declaración como testigo en la que habría presentado una fisura importante.
Pascual habría negado en esa testimonial su conocimiento sobre casos de abuso sexual en el colegio, lo que sería desmentido por documentación de vieja data en donde ella interviene en informes por denuncias en ese sentido.

Falso testimonio.
Esto implicó que la fiscalía también la acusara por falso testimonio. Incluso, hay informes que la complican, como el de una asistente social que, por escrito, la acusa de ser reticente a dar información en una denuncia de abuso y ordena el traslado de la víctima a otro colegio. (NA y Télam)