Imputaron a Mauricio Macri por firmar el acuerdo con el FMI

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por haber firmado el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) sin darle intervención al Congreso de la Nación.
Di Lello elevó su planteo al juez federal Julián Ercolini y solicitó una batería de medidas de prueba, al tiempo que además le pidió que dicte una medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo con el organismo financiero internacional.
Junto al Presidente, el fiscal imputó al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; y al presidente del Banco Central, Luis Caputo, mientras que también pidió que se cite como testigo al jefe de Gabinete del Ministerio de Economía para que informe sobre el grado actual de ejecución del acuerdo.
La denuncia que originó la causa había sido presentada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se rubricó a pesar de que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitado por una ley del Congreso Nacional.
La imputación es por la firma del acuerdo entre el Gobierno y el FMI el 7 de junio pasado, a partir del cual el organismo internacional de crédito otorgó a la Argentina 50 mil millones de dólares por el término de tres años.

Argumentos.
La denuncia fue radicada por un dirigente de izquierda, Claudio Lozano, y el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien explicó a este medio que “el Parlamento tiene la facultad de aprobar operaciones de crédito público y convenios con organismos internacionales”. En efecto, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 que corresponde al Congreso determinar si se contraen “empréstitos sobre el crédito de la nación” o si se arregla “el pago de la deuda interior o exterior”. Sin embargo, el Gobierno lo interpretó de forma diferente y salteó este paso.
Para justificar la presunta legitimidad del pacto alcanzado con la entidad financiera, el oficialismo argumenta que ello ya se trató en el Parlamento cuando se debatió el presupuesto para este corriente año. “Eso es mentira”, refutó el abogado, y prosiguió: “El presupuesto del año pasado en ningún momento habla de un acuerdo con el Fondo, sí lo hace con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. En esa línea, comentó que se realizaron autorizaciones para tomar deuda en moneda extranjera “pero ninguna de ellas encaja con el monto acordado con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto no está autorizado”.
A su vez, detalló: “El Gobierno sostiene que el Congreso en 1992 delegó facultades al Ejecutivo para poder tomar créditos con organismos internacionales, pero esa ley finalizó en el 2010, la norma está caduca”. Así las cosas, el denunciante explicó que su intención es “que se suspenda la ejecución de este acuerdo y de los futuros acuerdos, y al continuar el proceso, que se declare nulo”.

Cautelar.
La medida cautelar para suspender la ejecución había sido solicitada por los denunciantes para que se ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de futuros retiros o solicitud de fondos en el marco del acuerdo cuestionado, así como de la utilización de dinero que ya fue transferido por el FMI a las cuentas del Estado Nacional.
Ante ello, Di Lello aclaró que “confía en el elevado criterio” del juez, quien es el “director de la instrucción”, para “decidir si corresponde el dictado de una medida cautelar y así evitar perjuicios económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del acuerdo” con el FMI.
Entre otras medidas, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno contrajo deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central. (NA-RT)