“Influenciado y arbitrario”

LOS ABOGADOS DE JULIO DE VIDO REPROCHARON EL FALLO

El estudio jurídico que lleva adelante la defensa del ministro de Planificación, Julio De Vido, catalogó como “arbitrario e influenciado por las corporaciones mediáticas y judiciales” al fallo de la Sala IV del Tribunal de Casación que revocó el sobreseimiento dictado por la Cámara Federal al ministro y su esposa, tras una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito.
En un texto que lleva la firma de los abogados Julio Virgolini y Adrián Maloney, recuerdan además que aquel sobreseimiento de la Cámara a su vez había confirmado otro dictado en el año 2010 por el Juzgado Federal 9.
En ese sentido, precisan que “el matrimonio De Vido había sido sobreseído luego de que todas las medidas de investigación solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan confirmaran los datos que surgían de las declaraciones juradas de ambos”.
“Esa decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal luego de un recurso del Fiscal y fue recurrida en Casación solo por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pero no por el fiscal Moldes, quien entendió que el sobreseimiento era correcto”, detallan.
A la vez, expresan que el recurso “se fundó tan solo en la afirmación de que, a pesar de haberse producido todas las medidas peticionadas por el Ministerio Público sin resultado alguno, la investigación que había precedido a los sobreseimientos era aún incompleta y, en una confusa argumentación, sostuvo que subsistían sospechas que era necesario aclarar sobre determinados bienes del matrimonio, lo que implicaría la necesidad de producir nuevas pruebas”.

Criterios.
En consecuencia, sostienen, “el punto en disputa fue solo la necesidad de proseguir o no con la investigación ya realizada, en procura de nuevas pruebas. Esto fue lo que se discutió en casación, y no la comisión de deleito alguno ni la responsabilidad de ninguna persona”.
Por otra parte los abogados expresan que “en su resolución, el tribunal de Casación revocó el sobreseimiento al solo efecto de permitir la prosecución de la investigación sobre la base de admitir que las sospechas invocadas por la Fiscalía podían ser razonables y era menester continuar investigándolas”.
“Los criterios empleados por el tribunal son manifiestamente arbitrarios e implican la desnaturalización de los derechos de los imputados al debido proceso y a la defensa en juicio, con el resultado de la innecesaria y gravosa prosecución de un proceso que lleva más de siete años y que fuera alimentado por las partes acusadoras sobre la base de inferencias privadas de fundamento racional”, afirmaron.
Del mismo modo, los defensores del ministro reafirmaron que “el Tribunal omitió responder a los cuestionamientos de la defensa y resolvió sobre la base de afirmaciones dogmáticas cuyo fundamento se encuentra sólo en la voluntad de los jueces y no en reglas de derecho”.
“La decisión no afirmó ni la realidad de los hechos ni la culpabilidad de los imputados y las consecuencias de lo resuelto se limitan a la producción de nuevas pruebas que completarán la investigación ya realizada; debe a respecto recordarse que esa investigación había sido evaluada cuidadosamente en dos oportunidades, que determinaron los dos sobreseimientos que se dictaron en su favor; agregan”. (Télam)