Inhiben bienes de Carlos Ben

ODEBRECHT: JUEZ PIDIO INFORME SOBRE REUNIONES DE FUNCIONARIOS

El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de todos los bienes del expresidente de AySA Carlos Ben y su entonces segundo Raúl Biancuzzo, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos por parte de la brasilera Odebrecht para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Zárate.
Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta por el juez a raíz de que paralelamente investiga el crecimiento patrimonial de Ben y de su grupo familiar, así como de Biancuzzo.
El juez Casanello ordenó días atrás a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, que investigue el perfil patrimonial de Ben y Biancuzzo.
Según indicaron fuentes con acceso a la causa, los primeros informes darían cuenta que el patrimonio de Ben no se condice con sus ingresos, sumado a que se le detectó una firma offshore radicada en Panamá.
A raíz de ello, el juez dispuso la inhibición general de todos los bienes para de esta forma congelarlos y evitar que pueda haber un intento de transferencia a terceras personas.
Casanello y el fiscal Federico Delgado investigan el presunto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a obras en la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas, en Zárate, así como otra en Berazategui.
Ante el juez y por escrito, Ben realizó una presentación semanas atrás en la que defendió la licitación de Odebrecht y explicó por qué hubo una mutación de su valor original.
Un perito designado por el juez concluyó que hubo una modificación presupuestaria del valor de la obra, algo que no estaría justificado: fue una diferencia del 17,49 por ciento.
El presupuesto de 1.893.424.855,20 de pesos al 30 de octubre de 2007 pasó a 2.224.590.173,50 en marzo de 2008. Ben aseguró que la modificación fue “por ajuste del índice de inflación y por ajustes técnicos”.

Informe.
El juez federal Marcelo Martinez De Giorgi pidió a la Jefatura de Gabinete de la Nación que le informe sobre las reuniones que funcionarios del Ministerio de Planificación Federal mantuvieron por la licitación del soterramiento del tren Sarmiento, de la cual resultó ganador un consorcio de empresas, entre ellas la brasilera Odebrecht.
Mediante un oficio, el juez consultó sobre las reuniones que existieron mientras se negociaba la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento, de la cual resultó ganadora una Unión Transitoria de Empresas que también integró Iecsa, la firma que tenía Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Martínez de Giorgi dispuso unas 17 medidas de prueba solicitadas días atrás por el fiscal federal Franco Picardi, por la cual se amplió la investigación que apunta hacia las autoridades del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido; y hacia el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez.
Entre las medidas, se encuentra este pedido a la Jefatura de Gabinete de la Nación, actualmente conducida por Marcos Peña, en el que solicitó que se le informe el detalle de las reuniones de directivos de Odebrecht con funcionarios, mientras se definía quién quedaba a cargo de las obras del soterramiento del Sarmiento.
El pedido del juez incluye saber si hubo reuniones a nivel ministerial o secretarías en Planificación y con qué funcionarios, entre el 2005 y 2014. (NA)

Querellante en cuatro causas
La Oficina Anticorrupción (OA) pidió ayer ser querellante en una serie de causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción cometidos en la Argentina por la constructora brasileña Odebrecht, entre ellas la que involucra al titular de la AFI, Gustavo Arribas, por presuntos cobro de sobornos en 2013.
Son un total de cuatro investigaciones relacionadas con obras públicas en las que trabajaba la empresa y por las que podrían haber acordado sobreprecios y coimas para ganarlas durante las licitaciones.
De esta manera, la OA -que depende del Ministerio de Justicia-solicitó ser parte de la causa en la que se estudia el Proyecto de Ampliación Gas 2006-2008; la ampliación del tren Sarmiento, licitada en 2006; la causa contra Arribas; y las mejoras de una planta potabilizadora en Tigre y una depuradora en Berazategui encargadas por Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
El primero de los hechos fue una obra para incrementar la capacidad del transporte de gas de los gasoductos Norte y Centro-Oeste: los denunciantes sostienen que se manejó una gran cantidad de recursos públicos a través de la Secretaría de Energía y Enargas y que parte del costo de construcción fue cubierto por el Banco Nación.
En el segundo caso, se sospecha que el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, modificó los planos de obra del soterramiento del tren Sarmiento y el Estado se la adjudicó por decreto a la constructora brasileña.