“Instrumentarla de manera inmediata”

El gobierno nacional instrumentará de manera inmediata la Ley de promoción del empleo registrado, sancionada el miércoles, que “apunta a solucionar el problema de las empresas más vulnerables”, y “poner justicia para que el trabajador tenga aportes jubilatorios, asignación familiar, cobertura por accidente o desempleo y fundamentalmente, un salario justo”.
Al referirse a la ley, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el objetivo es instrumentarla “de manera inmediata” y sostuvo que se trata del “sistema permanente para las microempresas o las empresas de hasta 5 empleados con los sistemas de carácter transitorio para otras empresas”.
En ese marco, resaltó que “lo que se pretende naturalmente es generar los incentivos para la regularización del empleo informal y la reducción de la informalidad laboral hacia una meta cercana al 28 por ciento”.

Di Tullio.
La diputada nacional y jefa de bloque del Frente Para la Victoria, Juliana Di Tullio, destacó que “de los ’90 hasta hoy hemos bajado de un 50% a un 33%, sin embargo debemos seguir haciendo esfuerzos para que no hayan hombres y mujeres que no tengan trabajo registrado”.
A su vez, calificó de “irresponsables” a los miembros de la oposición que piden la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, al sostener que “no saben cómo va a quedar el salario” tras el actual proceso de negociaciones paritarias.
“Le mienten a la gente. Es una postura mentirosa por parte de la oposición. Es un circo armado, no saben cómo va a quedar el salario porque se está discutiendo en paritarias libres ¿Cómo van a subir algo que todavía no saben cómo va a quedar? Le mienten a la gente, son irresponsables”, aseveró la legisladora.

Recalde.
En sintonía, Héctor Recalde, titular de la comisión de Legislación Laboral de Diputados, explicó que la ley “apunta a solucionar el problema de las empresas más vulnerables” que son las microempresas y busca “que se cumplan las leyes que ya existen” para evitar el fraude laboral.
Recalde consideró que la ley sancionada el miércoles, tras más de 12 horas de debate, busca beneficiar a las microempresas “sin quitar ningún derecho a los trabajadores ni a los jubilados, como se hizo con otras leyes”.

Yasky.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, también se refirió a la ley y consideró que “fue valorada como un gran avance” en el Congreso de la Confederación Internacional Sindical que se lleva a cabo hasta mañana en Alemania.
El dirigente gremial destacó como “alentador” que la norma haya tenido apoyo de distintas bancadas y que sus contenidos “surgieron de los aportes de los trabajadores a través de sus centrales”.

Prepagas.
Tras la protesta que dejó sin servicio médico por 24 horas, el Gobierno autorizó un aumento del 9% en las cuotas de la medicina prepaga a partir de junio y, de este modo, evitó un nuevo paro de dos días para la semana próxima.
Así lo informó ayer el jefe de Gabinete al confirmar que “efectivamente la autorización -de incremento- es del 9% a partir de junio con notificación de 30 días que prevé la reglamentación legal vigente”.

Protesta.
El anuncio fue realizado luego de la protesta realizada el miércoles en clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privados, donde sólo atendieron urgencias para denunciar la “grave crisis” que atraviesa el sector y para reclamar un incremento de aranceles.
Directivos de entidades de Medicina Privada habían advertido que se aproximan las paritaria del sector, que reclama un aumento de casi el 34% para el personal de la sanidad.
La paritaria en el sector vence el 31 de julio, pero el gremio pretende adelantar las negociaciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Reclamo.
Ante esta situación, el reclamo empresarial era de una recomposiciones de aranceles cercano al 30% para todo el año, según indicó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina (Adecra).
El dirigente dijo que la protesta de clínicas y sanatorios fue “contundente” y agregó que “el 80% de nuestros costos es mano de obra”.
Los prestadores médicos aseguran que los efectos de la inflación, la devaluación y el encarecimiento de los insumos importados constituyen los demás factores que afectaron sus ingresos. (Télam y NA)