Juez frenó al protocolo de seguridad

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró ayer inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad que modificó el reglamento para las fuerzas federales sobre uso de armas de fuego.
Mientras siga vigente la medida cautelar dictada el miércoles, el protocolo que lanzó Patricia Bullrich no podrá ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya anticipó que quiere adherirse.
Gallardo hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad; la abogada de la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.
En la presentación, efectuaron un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera de Seguridad.
"Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM", sostuvo Bregman.
En su demanda, indicaron que "la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales", por lo que solicitaron "con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución".
El juez Gallardo hizo lugar a la cautelar y ordenó notificar de dicha decisión a Rodríguez Larreta, al ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, y a Bullrich.
Más allá del fallo judicial, el Gobierno porteño confirmó que adherirá al protocolo de uso de armas de fuego dictado por el Ejecutivo, adelantó que buscará regular el uso de armas no letales y cuestionó a Gallardo.
"La Ciudad va adherir al protocolo. Trabajamos muy bien en equipo con la seguridad nacional, somos un solo equipo", dijo el jefe de Gobierno porteño.
A su vez, Santilli confirmó que dialogó con su par de la Nación "para avanzar en la reglamentación del uso de armas no letales".

Garavano.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó que la nueva reglamentación viole los derechos humanos, al señalar que sigue "la normativa de las Naciones Unidas" en la materia, y planteó que aún con esa nueva política si un uniformado comete un exceso "será investigado y condenado".
Por otra parte, el ministro se mostró en desacuerdo con el fallo del juez porteño Roberto Gallardo, quien declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad, por lo que no podrá ser aplicable en la Ciudad de Buenos Aires.
"Llama la atención, es un juez que tiene la tendencia de avanzar en áreas que no son de su competencia, no sé cual es la competencia de un juez local para intervenir sobre una reglamentación de fuerzas federales, pero bueno... Habrá que analizar el fallo", señaló Garavano en declaraciones radio La Red.

No adhieren.
La nueva reglamentación para el uso policial de armas generó diferencias en Cambiemos y respuestas dispares en las provincias, ya que las administraciones de María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y Gustavo Valdés adelantaron que por el momento no aplicarán las modificaciones en sus territorios.
El protocolo que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despertó el inmediato rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la desconfianza en algunos referentes de Cambiemos, que prefirieron tomar distancia de la medida, que habilita a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.
Vidal no tiene previsto en el corto plazo sumarse a la medida, porque considera que "no es el momento". El Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo entiende que "no todas las policías son iguales" y que el gobierno nacional "considera que debe unificar el criterio de acción de las fuerzas federales", por eso dicta el protocolo.
Sin embargo, la Provincia estima que "antes de redefinir su marco de actuación", la Bonaerense debe terminar con el "proceso de reforma profunda e integral" que se inició con la llegada de Vidal a la Gobernación.
También el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, confirmó que "por el momento" la provincia que gobierna el radical Morales "no necesita adherir" al nuevo protocolo nacional.
Del mismo modo en Corrientes, el ministro de seguridad provincial, Juan José López Desimoni, confirmó que evaluarán la reglamentación nacional sobre el uso de armas de fuego, pero remarcó que su cartera se enfoca en la "profesionalización" de los agentes.

Derechos humanos.
Referentes de organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la nueva resolución del Ministerio de Seguridad y advirtieron que aumentará el número de muertes en situaciones de conflicto.
El titular de Serpaj y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideró que "indudablemente se va a incrementar la cantidad de muertos en situaciones conflictivas" a partir de esta resolución, ya que "aumenta la violencia institucional" y dijo que el presidente Mauricio Macri "quiere imponer el miedo". (NA)

Carrió quiere un debate en el Congreso
La diputada Elisa Carrió propuso ayer analizar la resolución que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para "transformarla en ley en el marco del Congreso Nacional luego de un adecuado debate".
En un largo texto publicado en las redes sociales, la líder de la Coalición Cívica concedió que "actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar falencias que desprotegen al agente de seguridad que deba emplear su arma".Sin embargo, insistió en que "estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales y también deben ser consensuadas por las distintas fuerzas políticas que integran el gobierno, por tratarse de una política de alta significación nacional".
Incluso, advirtió que "habiendo de por medio una cuestión que implica la posibilidad de causar la muerte de un delincuente o accidentalmente la de un inocente, no puede ser una simple Resolución Ministerial" la que regule la actuación de las fuerzas, sino que "el marco legal debe ser una ley sancionada por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones".
"Un marco legal que puede ser incorporado a esa ley básica para la Justicia que es el Código Penal o que constituya una ley específica, pero que proteja adecuadamente al agente de seguridad o policial que deba hacer uso de su arma", evaluó la legisladora. (NA)