Juez jujeño defendió prisión

El juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, defendió ayer el proceso judicial por el que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero del año pasado, a pesar de los cuestionamientos de distintos organismos de derechos humanos, al asegurar que la militante social tiene "garantizada la posibilidad de recurrir las decisiones" de la Justicia norteña.
El magistrado participa en Santa Rosa, desde ayer y hasta hoy, del Foro Federal de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país. Durante el encuentro, fue consultado por la prensa local sobre la situación que se vive en Jujuy por la situación de Sala, y afirmó: "Por mi función no tengo que opinar sobre el caso porque formo parte del sistema judicial, aunque no soy parte de la sala penal".
Milagro Sala fue arrestada a poco de la asunción del presidente Mauricio Macri y del gobernador Gerardo Morales. En enero de 2016, fue detenida por encabezar un acampe de protesta frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. La justicia jujeña impulsó una serie de causas contra la diputada del Parlasur, por lo que permanece encarcelada, a pesar de que organismos como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamaron al gobierno nacional por su liberación.
Sobre el pronunciamiento de los organismos internacionales, Baca dijo que "las decisiones han sido tomadas por los jueces que tienen a su cargo la causa. Muchos de estos jueces tienen mucho tiempo en el cargo, vienen del gobierno anterior, y las decisiones fueron tomadas en el marco de la competencia, han sido recurridas con recursos que se tramitan ante la Corte argentina y las garantías que hacen a la independencia de los jueces están aseguradas".

Juez y parte.
La llegada de Baca al máximo tribunal de justicia de Jujuy fue polémica. Es que él formó parte de un grupo de tres diputados radicales que pasaron a conformar el Tribunal Superior de Jujuy, a partir de la ampliación de 5 a 9 miembros, aprobada tras la asunción del gobernador Morales (UCR-Cambiemos).
Lo llamativo es que en los primeros pasos de la gestión radical Baca y Beatriz Altamirano aprobaron como diputados provinciales la ampliación del Tribunal y a las 48 horas renunciaron a sus bancas para minutos después ser votados por los legisladores de la UCR como parte de los nuevos integrantes del Superior Tribunal Superior.