Jueza federal impuso límites a Gendarmería

En un fallo sin precedentes desde la desaparición de Santiago Maldonado, la jueza federal de Zapala les impuso restricciones legales a la Gendarmería y cualquier otra fuerza y consolidó los derechos de las comunidades indígenas.
La magistrada comunicó que en el futuro los gendarmes y las otras fuerzas de seguridad federales o provinciales deberán abstenerse de ingresar a las tierras comunitarias sin orden judicial o sin autorización de las autoridades de la comunidad respectiva. La jueza Silvina Domínguez tomó la decisión cuando hizo lugar al habeas corpus preventivo presentado por la comunidad mapuche Raquithue de Neuquén, informó Página 12.
El paraje está ubicado en una de las zonas más hermosas del sur argentino, a la vera del lago Huechulafquen, en el Parque Nacional Lanín.
La jueza recibió un pedido de protección elevado por los representantes de la comunidad, Hernán Cañicul, Fidel Colipán y Elida Barriga, gente de temer que entre otras ocupaciones peligrosas para la seguridad nacional se dedica a administrar un modesto camping a pocos kilómetros del volcán Lanín. El habeas corpus es una figura que resguarda derechos elementales frente a la eventual arbitrariedad del poder del Estado.

Sin orden judicial.
Los tres denunciaron que en la madrugada del 8 de septiembre se les presentaron efectivos de Gendarmería "sin orden judicial, sin mediar consulta ni pedido de autorización a las autoridades comunitarias". Como en otros casos durante todo septiembre, el motivo invocado fue la presunta búsqueda de Santiago Maldonado. La Gendarmería dijo contar con versiones de que Maldonado viajaba con un amigo en un Chevrolet Corsa gris y había querido acampar en la zona. Sin embargo, la jueza constató en las audiencias que la comunidad interpretó la presencia de gendarmes en la madrugada "en términos de amedrentación o amenazas hacia la Comunidad Raquithue y el pueblo Mapuche" y que el ingreso a las tierras fue "ilegítimo e inconsulto".
Para la jueza la actuación de la Gendarmería en principio "limitaría o amenazaría de manera actual la libertad de la antes dicha comunidad sin orden emanada de autoridad competente". Entonces dispuso aceptar el habeas corpus y a la vez ordenó al jefe de la Agrupación Comahue de Gendarmería Nacional que le informe de todas las actividades realizadas por esa fuerza el 7 de septiembre.
La orden dio lugar a una nueva audiencia con Hernán Cañicul, Amelia Cañicul y Fidel Colipán, el defensor oficial y por Gendarmería el comandante mayor Dante Zavala, los comandantes principales Carlos San Emeterio y Roberto Daniellis y la abogada de la fuerza, la primer alférez Sara Ifran.

Campaña.
Colipán dijo que "a nivel nacional se montó una campaña para desprestigiar al pueblo Mapuche, sobre todo teniendo en cuenta que se está por discutir la prórroga de la ley 26.160".