Jueza rechazó la cautelar

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento rechazó ayer una acción de amparo contra el convenio por el cual la Anses traspasó su base de datos de personas al Poder Ejecutivo para que sea utilizada con fines de comunicación.
El amparo había sido presentado por la abogada Valeria Laura Carreras, la misma que elevó una denuncia penal que el lunes pidió investigar el fiscal federal Federico Delgado y que tiene en la mira al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La abogada había pedido una medida cautelar para frenar el traspaso de la base de datos a la Secretaría de Comunicación, al considerar que vulnera la privacidad de información de las personas.
En la resolución, la jueza evaluó que "no se ha acreditado -de modo concreto- la irreparabilidad del daño que invoca la actora y que tornaría indispensable otorgar la inmediata tutela jurisdiccional sin esperar a la sentencia definitiva".
"Cuando la medida cautelar ha sido solicitada en una acción de amparo, que se caracteriza por sus plazos abreviados y la celeridad en el trámite al constituir un vía urgente y expedita, por principio, no corresponde adentrarse en una decisión que importaría adelantar aquello que ha ser -a la brevedad- materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva", agregó.
De esta forma, la jueza rechazó suspender de manera provisoria el traspaso de la información al Poder Ejecutivo, pero en un breve lapso definirá sobre la cuestión de fondo, esto es sobre la continuidad del convenio.

Causa.
En la causa judicial, el fiscal Delgado promovió una investigación penal hacia el jefe de Gabinete y le pidió al juez Sebastián Casanello varias medidas de prueba: la Fiscalía consideró que "la cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de Gobierno".
Como medida de prueba, el fiscal pidió que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación "evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses".
"Dicho estudio también deberá ser encomendado a la Procuración del Tesoro de la Nación y dos expertos independientes del Poder Ejecutivo", agregó.

Resolución.
El 25 de julio, el Gobierno había anunciado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el polémico decreto que autoriza al Poder Ejecutivo el uso de los registros de Anses para "contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública".
Según está estipulado, la medida tendrá una vigencia de dos años y le permitirá al Gobierno hacerse periódicamente de la base de datos de Anses (Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios).
La medida provocó el repudio inmediato de la oposición, que calificó la iniciativa como una invasión a la vida privada de los ciudadanos con la finalidad de hacer "propaganda partidaria".
Tras el convenio, se presentaron ante la Justicia amparos para que se deje sin efecto el acuerdo, y en paralelo denuncias penales contra Peña; el director de la Anses, Federico Basavilbaso, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco. (NA)