La ex presidenta denunció una persecución política

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer un “un disparate mayúsculo” y una “maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” la causa judicial que investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, y denunció que es víctima de “persecución política” por parte del Gobierno “para tapar el desastre económico del país”.
Cristina formuló declaraciones a la prensa al retirarse de los tribunales federales de Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini.
“Es un disparate mayúsculo. Estamos pidiendo la nulidad”, dijo la mandataria al confirmar que durante su presentación ante el magistrado, pidió la realización de “una auditoría general” de las obras públicas y planteó la invalidación de su indagatoria.
“Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Como hicieron con Lula (Da Silva en Brasil). Es una maniobra a nivel regional. Acá, en el país, es para tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina”, sostuvo la ex mandataria.
Para Cristina, que se había expresado en términos similares durante la audiencia, el gobierno de Mauricio Macri “busca tapar el sol con la mano y tratan de esconder lo que es un verdadero desastre”.
“Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas”, aseveró.

Obra pública.
En sus declaraciones ante la prensa, la ex jefa de Estado señaló que la obra pública durante su gestión fue “aprobada por la Auditoría General de la Nación y la Comisión Revisora de Cuentas del Parlamento”, con lo cual consideró un “disparate” pretender asociar su gobierno a una “asociación ilícita”.
“Yo creo que apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado. Por eso tampoco es casual la insistencia del voto electrónico con chip”, aseveró.
Al respecto, estimó que “nadie puede pensar que la gente pueda votar estas políticas […] Lo han demostrado todos los técnicos. Es un momento de gran responsabilidad institucional”, manifestó la ex jefa de Estado, a la tiempo que cuestionó el fuerte operativo policial en la zona de Comodoro PY, que generó pequeños incidentes a su salida de los tribunales.
La ex mandataria comentó que le solicitó al juez Ercolini una auditoria más amplia sobre la obra pública desde 2003 cuando asumió el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
“Un grupo de diputados presentó un proyecto para constituir una Comisión Bicameral de auditoria de obra pública desde 2003 y lo presenté también formalmente ahora. Porque no sólo pasó en Santa Cruz la descentralización de la obra pública”, remarcó.

Operativos.
La Justicia federal realizó operativos en cinco propiedades de la ex presidenta con el objetivo de “tasar” los inmuebles.
Según indicaron fuentes del juzgado de Claudio Bonadio, se trata de “peritajes” dispuestos “hace tiempo” para obtener una “tasación de las propiedades”.
Trascendió que las tasaciones se realizaron en la casa particular de la mandataria, de Mascarello 441de Río Gallegos, así como en: Mariano Moreno 882 y Alvear 391, de la misma ciudad, en el hotel La Aldea ubicado en calle Güemes 95 de El Chaltén y la Manzana 670 de El Calafate. (Télam y NA)

Fiscales piden investigación
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron ayer que se investigue si el Gobierno nacional cometió algún delito al modificar las condiciones de adjudicación de la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Las presuntas irregularidades en la adjudicación de esa obra que llevará a cabo la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, fueron denunciados por la ex jefa de Estado.
Tras la declaración de la ex presidenta, los fiscales Pollicita y Mahiques solicitaron que se extraiga el testimonio de los hechos denunciados y sean enviados a sorteo para que la Cámara Federal designe el juzgado que deberá investigar el tema, informaron fuentes judiciales.
La ex mandataria sostuvo que, de acuerdo a la licitación realizada durante su gestión, la empresa que fuera elegida para llevar a cabo las obras de soterramiento del Sarmiento debía conseguir financiamiento externo y que eso fue modificado por el gobierno actual.
Cristina afirmó que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Gobierno dispuso que otorgará fondos para el soterramiento, una obra que constará unos 45.000 millones de pesos. (Télam)

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