La Justicia ordenó prohibir el delivery en bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires pero el Ejecutivo apelará

La Justicia local ordenó este miércoles al Gobierno porteño que prohíba el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires hasta que cumplan con el Código de Tránsito y Transporte, pero el gobierno de la ciudad anunció que no acatará la medida porque no está firme y será apelada.

 

Las empresas de delivery afectadas por la resolución del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de Andrés Gallardo, son "Rappi", "Glovo" y "Pedidos Ya".

 

Los repartidores de estas firmas no podrán volver a las calles hasta que no se garantice "que todos circulen utilizando casco", que "la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda" del conductor, que posean "seguro de vida y accidentes", "libreta sanitaria" y que los rodados "cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)".

 

La Secretaría de Transporte del gobierno porteño anunció este miércoles que "apelará la medida del juez Gallardo que busca prohibir la actividad de empresas de reparto y mensajería y lo recusará por abuso de autoridad, parcialidad y prejuzgamiento".
"En este contexto, el gobierno porteño no debe acatar la medida porque no está firme y va a ser apelada", informó la Secretaría en un comunicado.

 

En su fallo, Gallardo, aseguró también ordenó que "se diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño".

 

La secretaría a cargo de Juan José Méndez explicó que con la sanción de la Ley 5526 "se creó el Registro Único de Transporte de Motovehículos y/o Rodados (RUTRAMyC) que tiene como objetivo principal velar por la seguridad vial de las personas que realizan la actividad de mensajería y reparto a domicilio de sustancias alimenticias como también la regularización de la misma".

 

Indicó además que la ley "se promulgó en el 2016 pero no entró en vigencia hasta que en conjunto con el sector se trabajó en un decreto reglamentario que se dictó a mediados del 2018". En ese decreto "se estipula un plazo de 180 días hábiles para que los prestadores puedan completar los requisitos exigidos por la normativa. Al día de la fecha hay varias empresas que dieron inicio al trámite para la inscripción en el registro".

 

A requerimiento del juez Gallardo, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados que arrojó que el 77% circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno, y el 67% circula sin casco, según publica el portal de noticias del Consejo de la Magistratura porteño, Ijudicial.

 

En función de ese relevamiento, Gallardo indicó que el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias en CABA por parte de las firmas prestatarias Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S.A. "se realiza en franca transgresión a la normativa vigente y sin dar cumplimiento a las normas básicas de seguridad".

 

Gallardo se refiere al Código de Tránsito y Transporte, que estipula la obligación de usar casco e indumentaria con bandas reflectivas; contar con los seguros obligatorios; que la caja portaobjeto cumpla con determinadas características y esté firmemente amarrada al rodado.

 

Juan Manuel Ottaviano, abogado de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), consideró "auspicioso que un fallo ponga blanco sobre negro respecto del incumplimiento de las normas laborales, tributarias y municipales de las plataformas".
Pero añadió que son "cautelosos respecto de los efectos del fallo" porque temen que "todo el costo de la prohibición se cargue sobre los trabajadores".
"Cada día recibimos decenas de denuncias de trabajadores que son parados en la calle como si fueran motochorros y deben pagar multas que deberían aplicarse a los empleadores", contó Ottaviano. Y agregó: "el problema es que los repartidores no son considerados como empleados por las empresas".

 

A su vez, el Ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el lapso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

 

Javier, un venezolano que llegó a la Argentina hace un año y reparte en bicicleta para PedidosYa, dijo hoy: "Nos enteramos por la radio que nos van a exigir libreta sanitaria, pero hasta ahora desde la empresa nadie avisó y estamos trabajando como todos los días". "Algunos tenían miedo o pensaban que la policía nos iba a parar en la calle, pero hasta ahora se trabaja bien", agregó Martín, también venezolano, quien llegó a la Argentina hace dos semanas y reparte en bicicleta para Rappi con la mochila y el usuario que le prestó un compatriota. "Me parece bien que haya medidas de seguridad, pero si van a exigir más cosas es la empresa la que se tiene que hacer cargo", afirmó. "Llegué hace poco y éste es el único trabajo que encontré, hay mucha gente que está como yo", concluyó. (Télam)