La UOCRA involucrada en extorsión

DIEZ SINDICALISTAS DETENIDOS Y TRES PROFUGOS POR DENUNCIAS DE ASOCIACIÓN ILICITA

Por orden del fiscal Gustavo Zorzano, efectivos de la Policía Bonaerense, encabezados por el jefe de la fuerza, Fabián Perroni, llevaron a cabo 19 allanamientos en simultáneo, en los que se produjeron los arrestos.
Entre los detenidos está Humberto Monteros, titular del gremio bahiense, quien fue apresado en su casa en la localidad de Monte Hermoso, donde se hallaron más de 5 millones de pesos y 130 mil dólares, en bolsas y cajas, además de drogas, armas y una máquina de contar dinero.

“Aprietes”.
Los efectivos de la bonaerense ingresaron en horas de la madrugada a la vivienda de Monteros, y también allanaron la sede de la UOCRA de Bahía Blanca, la delegación de Coronel Suárez y los domicilios particulares de los dirigentes, así como también en las empresas “Aqua servicios integrados baños”, “SGT” y “Flor de Lirio”, donde secuestraron documentación de interés para la causa.
Fueron detenidos los gremialistas José Burgos (secretario adjunto del gremio), Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz.
Los sindicalistas están acusados de formar parte de una asociación ilícita que utilizaba mecanismos de “apriete” para lograr que distintas empresas afines prestaran servicios en las obras de la ciudad y se encuentran ahora implicados los delitos de “extorsiones reiteradas, coacciones agravadas, daños, amenazas y resistencia a la autoridad”.
El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Dirección de Casos Especiales y se inició luego de que la Justicia tomara conocimiento, a partir de testimonios de personas perjudicadas, que los imputados en varias ocasiones habrían exigido dinero para evitar paralizar varias construcciones en la región.

Prófugos.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que fueron once los detenidos y que hay tres prófugos, uno de los cuales estaría fuera del país, por lo cual continúan con las investigaciones “para dar con su paradero”.
“Hoy es un paso gigante para terminar con las mafias y la impunidad en la provincia de Buenos Aires. No va haber contemplaciones con ningún sector”, subrayó Ritondo.
En conferencia de prensa tras la detención de Monteros, el funcionario provincial afirmó además que la ciudad “se saca una lacra de encima”, la que “no le permitía soñar en seguir creciendo”.
En tanto, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, consideró que se trata de “una señal para quienes realizan estas prácticas de naturaleza mafiosa, para que sepan que este tipo de cosas no pueden seguir pasando”.
En declaraciones publicadas por el diario La Nueva Provincia, Fernández subrayó: “Estamos hablando de muchísimo dinero, en algunos casos (se exigía dinero) en función de la envergadura de la obra y por la cantidad, porque de cada obra se llevaban su tajada”.

Denuncias.
El fiscal general indicó que lo incautado constituye sólo “una pequeña parte”, debido a que en algunos casos la extorsión a una sola empresa llegaba a los 750 mil pesos y que en ocasiones se llegaba a solicitar un porcentaje de la obra.
“En otros, el pedido de dinero llegaba en algunos casos a 40 mil pesos por mes según la envergadura de la obra y durante el plazo que duraba la obra. La suma de dinero es importantísima y esto repercute en lo que llamamos el costo argentino”, agregó.
En tanto, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, manifestó que fueron confiscados “efectos que son la base para la continuidad de la investigación, que tiene como objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de extorsión, que prevé penas de hasta 20 años para las personas involucradas”.
“El procedimiento ha sido muy exitoso. Es una tarea que hizo el fiscal Zorzano en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La envergadura que tiene esto en términos institucionales queda de manifiesto por la envergadura del procedimiento”, añadió el funcionario en declaraciones publicadas por Infobae.
Las denuncias contra los gremialistas fueron presentadas por firmas constructoras, que sostuvieron que la cúpula sindical les exigía retornos para la adjudicación de las obras, que eran paralizadas en caso de no pagar los sobornos.
En septiembre pasado, tras la detención del secretario general de la UOCRA de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, la gobernadora María Eugenia Vidal había señalado que en Bahía Blanca se estaba viviendo “una situación similar”.
“Tenemos cuatro rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio. Esto ya ha sido denunciado en el Ministerio de Trabajo y se va a intervenir”, señaló Vidal en ese momento. (NA)