La Anpee obtuvo media sanción

La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de Ley que declara de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario (FGS) y de las participaciones accionarias de empresas en las que posee acciones en su poder.
La iniciativa -que fue aprobada con 39 votos a favor y 22 en contra- prohíbe la transferencia al sector privado de esas acciones sin previa autorización del Congreso por los votos de los dos tercios de sus miembros.
La finalidad de la iniciativa es preservar la sustentabilidad del Fondo y "promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional o al FGS para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias".
También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee) que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La Anpee tendrá a su cargo ejercer los "derechos políticos" inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
Se busca "contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria" a través del FGS o del Ministerio de Economía.

Integrantes.
La agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.
El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de Anses, dos directores designados por el PEN (uno será el Ministro de Economía y el otro el Ministro de Industria), dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
Además, crea un consejo consultivo como asesor del Directorio que estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, un integrante de la Anses y uno de la CGT.
Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por otro período. Sólo podrán ser removidos por mayoría simple si la causa de la remoción es una situación de ilegalidad vinculada con una infracción a la Ley de Ética Pública.
Pero, si se trata de mal desempeño de sus funciones, podrá ser desplazado de su puesto por decisión de las 2/3 partes de los miembros de la Bicameral.

Debate.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que "lo que se busca es poner mucha mayor protección a lo que son importantes participaciones que tienen los argentinos en importantísimas empresas privadas".
El legislador sostuvo que se le da una "fuerte intervención al Congreso Nacional" para que
"cualquier cambio deba tener un fuerte consenso".
"No es verdad que esta ley busque impedir la venta de estas acciones. Lo que hace este proyecto es que cualquier decisión que se tome sea fundada de tal manera que sea el Parlamento el que decida", sentenció.
En ese sentido, explicó que "no se están impidiendo las ventas, sino el regalo del conjunto del patrimonio de los argentinos".
Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que "si hay algo que distinguió a este gobierno es que siempre tuvo una mirada muy sensible dirigida a los sectores populares".
"Estamos poniendo una mayoría especial en el proyecto para defender las acciones que son propiedad del Estado argentino", agregó Pichetto.
En cambio, la radical mendocina Laura Montero fustigó el proyecto argumentando que no tiene "ninguna razonabilidad" porque se trata de un "electoral y oportunista con la plata de los jubilados".
"¿Cuál es la razonabilidad? Están votando una ley por mayoría simple que pide mayorías agravadas para la venta de las acciones y así preservar la participación del Estado en las empresas", concluyó Montero. (Télam)

Indemnizarán a víctimas
El Senado transformó ayer en Ley el proyecto del ex diputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro, para indemnizar a los damnificados por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero en la que murieron siete personas y hubo más de 300 heridos.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo ayer a la tarde en la Cámara alta.
El incidente ocurrió en noviembre de 1995 como producto de un ardid para intentar ocultar los faltantes por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
El proyecto fue impulsado el año pasado en la Cámara de Diputados por de Pedro y el martes a la tarde obtuvo dictamen de comisión.
Tras aprobarse la norma de Pedro manifestó: "A casi 20 años del trágico hecho, muchas de las víctimas y sus familiares no habían recibido una efectiva reparación. Esta deuda pendiente es lo que esta nueva Ley viene a saldar en el marco de las políticas de estado que el gobierno viene desarrollando desde el año 2003".
Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10.691 personas, estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes hayan sufrido lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.
Las explosiones en la fábrica militar ocurrieron el 3 y el 24 de noviembre de 1995 en la ciudad cordobesa de Río Tercero. La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.