La Fiscalía cuestiona a los jueces

La fiscalía que coordina las causas por violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura militar cuestionó el papel de algunos jueces por “demorar o simplemente desestimar” pedidos de indagatoria o planteos por acumulación de causas contra represores.
Según un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, “muchas veces las estrategias puestas en marcha por las fiscalías se ven demoradas o simplemente desestimadas por los jueces, como por ejemplo pedidos de indagatorias o planteos de acumulación de causas”.
“El papel de los jueces es preponderante para resolver la acumulación o separación de las actuaciones según las reglas de conexidad”, dice el informe de la Unidad que dirige el fiscal general Jorge Auat y que depende de la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi.
El informe explica que “la decisión final sobre la modalidad con que se van a organizar y llevar adelante los procesos, el momento en que se llamará a prestar declaración indagatoria a los imputados o se elevará la causa a juicio y otras cuestiones de similar trascendencia en la mayor parte de los casos es competencia de la autoridad judicial”.
Reconoce, sin embargo, la decisión del Poder Judicial de “tomar algunas de esta pautas y volcarlas en resoluciones” y destaca la decisión de los integrantes de las Cámaras Federales de Apelaciones de Mar del Plata y Córdoba de observar las instrucciones contenidas en las resoluciones para “agilizar los procesos” judiciales.
El contexto en el que se da esta situación da cuenta de esta necesidad, ya que “la mayoría de las causas está en etapa de instrucción”.
La Procuración elaboró un análisis y diagnóstico de la situación de estas causas en cada una de las jurisdicciones judiciales y, en base a ello, estimó necesario implementar medidas que tengan en cuenta la necesidad de que estos juicios abarquen la mayor cantidad posible de casos de violaciones a los derechos humanos.
De esta forma, dice, se reflejarían las características que tuvo el sistema represivo en Argentina y se reduciría el grado de exposición de víctimas y testigos, evitando la multiplicación de citaciones a declarar en juicios diversos.
Un efecto secundario de esta normativa sería también “la desincentivación de la interposición de recursos con el único fin de evitar el avance del proceso, circunstancia que podría
contribuir a disminuir la hipertrofia recursiva en la etapa de instrucción”, según indica la Unidad de Coordinación Fiscal.
Las recomendaciones que el Ministerio Público hizo a las fiscalías de todo el país que tienen estas causas por delitos de lesa humanidad son generales, pero hay algunas que tienen que ver con la problemática de cada jurisdicción.
Para alcanzar el diagnóstico, se interactuó incluso con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Consejo de la Magistratura, víctimas y querellantes.
En los casos de Córdoba, Jujuy, Mar del Plata y Tucumán esto se plasmó en informes elevados por la Unidad Fiscal al Procurador, quien refrendó las políticas procesales diseñadas y las comunicó a los fiscales, a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces de la correspondiente jurisdicción.
Se formularon recomendaciones a los fiscales que intervienen en las causas y se adoptaron medidas en consecuencia.
“Las tareas de control, seguimiento, impulso, asistencia y apoyo realizadas por la Unidad Fiscal de Coordinación demostraron avances que se reflejan en la cantidad de causas que en el último año han arribado o están próximas a arribar a la etapa de juicio oral en todo el país”,
Es así que la cantidad de personas procesadas se ha elevado a más de 500, lo que indica una perspectiva favorable para el próximo año.
Por otra parte, la Unidad lleva adelante un sistema de registros sistematizados con información sobre el estado de las causas, la cantidad de detenidos, los lugares de detención, los prófugos, procesados y condenados.
Pero, además de los informes y diagnósticos, la Unidad trabajó en cuestiones jurídicas específicas como “la imprescriptibilidad de las causas; las conductas de personas secuestradas en centros clandestinos de detención, cuya consecuencia es la no punibilidad de las conductas
de colaboración con los represores en esos lugares y la ampliación del concepto de tortura en base a parámetros internacionales”. (Télam)