Los Macri intentaron vaciar el Correo

NUEVO DICTAMEN DE LA FISCAL BOQUIN EN EL POLEMICO CASO DEL CORREO ARGENTINO

La fiscal general Gabriela Boquin acusó a la cúpula del Correo Argentino de impulsar el vaciamiento de la compañía durante el último año y medio para beneficiar al Grupo Macri y perjudicar al Estado nacional y otros acreedores.
En un dictamen que presentó en los tribunales comerciales, Boquín responsabilizó a los ejecutivos del Correo -que integra el holding empresario de la familia Macri- y a la jueza del concurso, Marta Cirulli, por los 16 años que ya consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra.
La funcionaria planteó que la compañía debe devolver los fondos y pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.
La fiscal presentó el viernes su dictamen, de 88 carillas, mientras transcurren los 120 días que el Gobierno pidió a la Justicia para dictar decretos que regulen los potenciales conflictos de interés y que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente que protagoniza la familia Macri.
Durante esos 120 días, además, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín asumió la representación del Estado en el concurso en reemplazo del Ministerio de Comunicaciones.
El funcionario se encaminaba a elevar a la Justicia su propio informe, que se anticipaba que sería crítico para el Gobierno, pero fue desplazado de su cargo antes de que lo enviara.

Retiros de fondos.
En su dictamen, en tanto, según publicaron matutinos porteños, Boquín afirmó que la jueza del concurso, Marta Cirulli, llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos.
Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, en febrero pasado, se cortaron las autorizaciones.
La fiscal afirmó que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fueron “improcedentes e injustificados”.
Además de dar a conocer esos movimientos que estarían destinados a obtener ventajas económicas con el dinero del concurso, la fiscal denunció a la jueza comercial Cirulli y pidió la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma.
Aseguró que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.
Boquin hizo notar que la jueza Cirulli venía negando esos pedidos de manera sistemática cada vez que se los había pedido el Correo, incluso el año anterior, 2015.

Acuerdo.
De pronto, en 2016, cuando la empresa de los Macri empezó a encarar su demanda contra el Estado en reclamo de un resarcimiento -entre otras cosas por la supuestas consecuencias económicas producto de la expropiación- y cuando se avecinaba el acuerdo que no se había logrado en años -desde 2001- porque las sucesivas administraciones de gobierno rechazaban las propuestas de la empresa postal por inconvenientes, comenzó a vaciar las cuentas.

Irregularidades.
La fiscal enumeró una extensa lista de presuntas “irregularidades en la tramitación del concurso”, en las que incluyó críticas a los ejecutivos y abogados del Correo, la jueza de primera instancia, y síndicos que intervinieron en el expediente del concurso desde 2001.

Tercer dictamen.
Este es el tercer dictamen crítico de Boquín en el concurso del Correo.
En el primero, que presentó en febrero, afirmó que el acuerdo alcanzado por el grupo Macri con el Gobierno era abusivo, perjudicial para el Estado e implicaba “una condonación de la deuda” por más de 4.277 millones de pesos.
En el segundo, acusó al Correo de demandar al Estado en condiciones más agresivas que las que se le reclamaba a la propia empresa.
Desde el Correo rechazaron todas las presentaciones y le atribuyeron numerosas “inexactitudes” a la fiscal.

Sideco y Socma.
Para Boquín, los máximos responsables del Correo actuaron con dolo durante estos años al impulsar el presunto vaciamiento de la empresa por más de medio millón de pesos al mes desde marzo de 2016 por distintas vías, pero siempre con Sideco y Socma -dos empresas del grupo Macri- como beneficiarias finales. (NA)