Los fondos buitre quieren derogar dos leyes argentinas

El juez neoyorquino Thomas Griesa firmó ayer una orden de puño y letra en la que sostuvo que está dispuesto a levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago de la deuda reestructurada y puso como condición para esto que se "se levanten los obstáculos legislativos" y el pago a "full" con los holdouts que acuerden antes del 29 de febrero.
Se trata de un dramático giro en la posición del magistrado, que ahora accede al pedido argentino de levantar la restricción que pesa sobre el país desde junio de 2014 para pagar o emitir deuda externa, tras las oferta presentada a los holdouts el pasado 5 de febrero, y que fue acordada con un número importante de acreedores a través de la mediación de Daniel Pollack.

Condiciones.
No obstante, Griesa antepuso dos condiciones, y una de ellas no depende de las voluntad del Ejecutivo, sino del Legislativo, y también elevó un pedido de permiso a la Corte Superior para proceder a ejecutar la orden.
Asimismo, si las condiciones se cumplen, no será necesario que la Argentina acuerde con el 100% de los holdouts para poder realizar pagos al exterior o, si quisiera, volver a emitir deuda a los mercados.

Arrinconados.
De esta forma, se debilitó la estrategia de los fondos buitre más díscolos, como NML, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky, que ahora quedaron arrinconados y muy posiblemente se vean obligados a ingresar a la oferta si quieren cobrar.
De lo contrario, si no acuerdan antes del 29 de febrero, los fondos buitre no tendrán forma de obligar a la Argentina a pagarles lo que pretenden, salvo que encuentren algún activo para embargar, algo que a esta altura, luego de los acontecimientos en estos últimos 14 años de juicio, es de una probabilidad casi nula; o de otra manera, es casi imposible.

Congreso.
Asimismo, será el Congreso el que tiene ahora de responsabilidad de definir si acepta estas condiciones para avanzar en el cierre de la novela del default.
En lo que respecta a las condiciones para liberar la "injuction" que se encuentra vigente desde junio de 2014, que impide el pago a los bonistas reestructurados, Griesa pidió ayer el levantamiento efectivo de todos los "obstáculos legislativos" con el fin de la denominada Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano, y que el gobierno argentino se comprometa a pagar en "full" bajo los términos acordados con los holdouts hasta el 29 de febrero.
En su pronunciamiento, el magistrado elevó además un pedido de permiso para tomar la decisión al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, su instancia superior.
En un documento de 23 páginas, Griesa argumentó que "la República (Argentina) y un número de demandantes piden al tribunal que levante las restricciones", ya que "ellos argumentan que el efecto de la continuidad de su vigencia ya no es más equitativo".

Cambio de administración.
Griesa ahora considera el bloqueo a los pagos del país como "en detrimento del interés público", debido "al cambio de circunstancias" generado en los últimos meses a partir del cambio de administración en Argentina y la decisión del nuevo gobierno de llevar negociaciones efectivas en el marco de la mediación de Daniel Pollack.
En base a esto, Griesa concluyó que "dejaría sin efecto las restricciones bajo la ocurrencias de dos condiciones que deben ocurrir de maneras previa".
Para el magistrado, esas dos condiciones son: "que la República quite todos los obstáculos legislativos para alcanzar el acuerdo con los bonistas -(bajo ley de EE.UU., FFA)- incluyendo la Ley Cerrojo y de Pago Soberano", y que la Argentina "debe pagar de manera plena según los términos específicos de cada acuerdo" con los holdouts que hayan acordado hasta el 29 de febrero de 2016.
Por último, Griesa solicitó permiso a la Corte de Apelaciones de Nueva York para proceder a ejecutar la orden en caso de que Argentina cumpla con los dos requisitos. (Télam)