"No callarnos nos cuesta esto"

"El no callarnos nos cuesta esto", advirtió Hebe de Bonafini desde la puerta de la casa de las Madres de Plaza de Mayo donde ayer a la mañana se concentraron centenares de militantes de agrupaciones sociales y sindicales y autoconvocados en defensa del organismo de derechos humanos y en repudio a un intento de operativo judicial sobre su archivo histórico. Allí, también calificó el día de ayer como "histórico" porque "el pueblo vino a defender lo que le pertenece".
Minutos antes, la gente convocada en la puerta del espacio desde la noche anterior impidió que el abogado de la sindicatura a cargo del operativo previsto por el juez Fernando Perillo ingresara al lugar. "Esta batalla, que las madres venimos llevando a cabo desde hace 42 años, no es nueva. De ahí en adelante todas fueron batallas, y la única que no ganamos fue el encuentro con nuestros hijos", sostuvo la Madre.
Desde la asociación aguardan una nueva decisión del juez, pero advirtieron que "esta casa es de todos. Y la vamos a defender entre todos".
La información sobre una nueva medida judicial en el marco de la causa que lleva la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo llegó a mediados de la semana pasada. A través de las redes, la asociación que lidera Bonafini denunció el supuesto "inventario" que funcionarios de la justicia civil del Poder Ejecutivo realizarían el lunes a las 11 sobre el archivo histórico que el organismo construye y protege desde hace décadas como un operativo que "carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos". ¿Cuáles? "Avanzar en la confiscación ilegal" del acervo patrimonial que las Madres atesoran en su sede de Hipólito Yrigoyen al 1500, advirtieron desde Madres.

Apoyo y vigilia.
La presencia de los funcionarios, para la que el juez Perillo había habilitado el acompañamiento de las fuerzas de seguridad, estaba prevista para el lunes. Pero desde la noche anterior, la puerta de la sede de las madres comenzó a poblarse de hombres y mujeres decididos a "protegerlas". "Es difícil de creer que sigan arremetiendo contra las Madres, pero así es. De lo que no tienen que dudar es que nosotros vamos a defenderlas" dijo Lidia, una de las mujeres que participo de la concentración.
Junto a otros integrantes de grupos de apoyo y amigos de las Madres, Lidia integró lo que fue el primer cordón de protección de la sede. Patricia estaba allí desde antes de las 6 de la mañana. Otras pasaron la noche de vigilia y ya saben detectar quienes se acercan aunados bajo banderas de agrupaciones y quiénes son "autoconvocados que no acuerdan con la persecución" a las Madres.
"Es una muestra más del desprecio de Macri a los organismos de derechos humanos y del ensañamiento especial que tiene el Gobierno con Hebe por haber sido la primera que desde el día uno de gestión lo acusó de ser el enemigo del pueblo, la pata civil de la dictadura", postuló. Cada tanto, la convocatoria cantaba que "no nos han vencido" y advierten que "si las tocan a las madres, qué quilombo se va a armar". Con el transcurso de la mañana se sumaron algunas figuras de la política, como el diputado Horacio Pietragalla, el legislador Carlos Tomada y el sindicalista Sergio Palazzo.

Hebe.
Pasado el mediodía, Bonafini agradeció "la compañía" y coincidió con el análisis de Patricia. "El no callarnos nos cuesta esto. Si fuéramos calladitas, prolijas y pacifistas, pero no. Somos pacíficas, no pacifistas", aclaró desde la puerta de la sede que alberga el archivo y a la que no había podido ingresar, minutos antes, el abogado de la Sindicatura encargado del operativo, Edgardo Truffa. Alcanzó a llegar a la puerta el funcionario, pero la gente no le permitió el paso. El abogado dio media vuelta y se fue, escoltado por unos pocos policías de la ciudad y un grupo reducido de manifestantes que lo siguieron hasta Rodríguez Peña y Rivadavia.
Desde la Asociación advirtieron que es el quinto operativo de esta naturaleza que ordena la Justicia para "inventariar" el archivo de las Madres, lo que para ellas significa otra cosa: el peligro de que se lo queden y de que el ingreso de funcionarios de la justicia civil y del gobierno nacional, acompañados de la fuerza pública, signifique su desalojo permanente de allí. (Pagina12.com)